• Solo pido que lo leáis hasta el final y reflexionéis si esto lo puede merecer alguien. Gracias. 

Esta máxima se aplicó en la época histórica española del absolutismo, cuyo máximo representante fue el rey Fernando VII llamado el rey deseado y el rey felón al mismo tiempo. Un abuso consiste en hacer uso de un recurso o tratar a una persona de manera impropia, incorrecta, improcedente, ilícita o ilegal.

Un abuso de autoridad tiene lugar cuando un dirigente o un superior se aprovecha de su cargo y de sus atribuciones frente a alguien que está ubicado en una situación de dependencia o subordinación.

Pero vamos a los hechos. Soy colegiado en el ICOV de Córdoba desde hace más de 30 años y durante todo este tiempo no he visto cosa alguna en las juntas de gobierno y presidencia de esta Institución.

Los Estatutos colegiales regulan la actividad veterinaria en cuanto a su organización interna y son fines de los mismos : satisfacer los intereses de los colegiados, la ordenación y el control dentro del  ejercicio de la profesión, la representación oficial y defensa de los intereses profesionales de sus colegiados, la formación continuada, colaboración con las Administraciones públicas en la “One Health”, la protección de los consumidores y usuarios de los servicios veterinarios colegiados, vigilar al sometimiento de las normas deontológicas de la profesión veterinaria.

En enero de 2019 la Junta de Gobierno del ICOV me abre un expediente disciplinario (ES04/2018) a resultas de una denuncia firmada por la presidenta de la asociación de clínicos de Córdoba (que hoy es vocal del colegio de pequeños animales) alentada por el que era vocal de clínicas y bajo el “paraguas” de la Asociación Cordobesa de Veterinarios de Animales de Compañía (ACoVEAC). Todo por haber puesto en duda razonable la homologación de ciertos centros veterinarios que habían sido puestos en conocimiento al ICOV de que no cumplían con los requisitos. Y digo centros y no colegiados porque en ningún momento mi publicación daba nombres. Todos estos Centros a cuyos directores se abrieron diligencias informativas fueron cerradas una a una por la Junta de Gobierno y el presidente. La justificación del cierre fue que habían declarado no ser cierto lo que se denunciaba o, en algún caso, que habiendo cometido el hecho ya habían cerrado. Quedé solo ante el peligro y el Presidente eligió como instructor de mi expediente disciplinario al colegiado de la Comisión Deontológica que, además, es profesor de la asignatura de Deontología en la Facultad de Veterinaria, colaborador en la realización del Reglamento de la Comisión Deontológica y que tuvo la suerte de estar en otras comisiones del ICOV por sorteo. El secretario de los Expedientes disciplinarios siempre es el asesor jurídico del ICOV que parece solo defender a la Junta de Gobierno y nunca se pone a disposición de los colegiados en estos trances.

En este sentido hago un paréntesis para explicar que antes de que todo esto sucediera, la primera Junta de Gobierno del Presidente envió una carta a los colegiados para solicitar voluntarios instructores de los expedientes disciplinarios que se abrieran en el ICOV, y que serían remunerados por cada expediente que instruyeran. Como cosa curiosa yo presenté mi solicitud, pero al poco tiempo se me contestó que la Junta de Gobierno y el Presidente habían cambiado de opinión y que los instructores de los expedientes serían los mismos que formaban parte de la Comisión Deontológica a la que no tuve, tampoco, la suerte de ser elegido por sorteo. En este procedimiento, a instancias del instructor, solicitó un apercibimiento público como sanción leve. No obstante, como ya veía venir al toro por las formas en que el instructor había realizado dicho expediente llenándolo de incorrecciones y de juicios de valor y atribuyéndome cosas que ni dije ni hice, recurrí dicho expediente hasta la máxima audiencia posible que es el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios (CACV).

Mientras esperaba la resolución de dicho Expediente, en marzo de 2019 se me abre un nuevo Expediente disciplinario(ES03/2019). Esta vez la denuncia viene de un colegiado que ha recibido de uno de los colegiados que me denunció en la primera y que, a su vez, recibe una fotocopia de un pantallazo de Facebook de otro colegiado que vive y trabaja fuera de Córdoba, pero que guarda fuertes afectos por haber trabajado juntos cuando residía en Córdoba en la que se dice un comentario dudando de su profesionalidad. Cuando niego dicho comentario y aporto pruebas de que no hay nada que acredite que lo he hecho yo, la Junta de Gobierno y el Presidente deciden ponerme una sanción de 1 año de expulsión con el agravante de tener otro expediente, el cual no tenía sentencia en firme. Esta vez nombran como instructor a un colegiado que se jubilaba y que, según el Reglamento de la Comisión Deontológica, debió ser cesado y la Junta nombrar a otro en sustitución. Pero no, este colegiado fiel colaborador del presidente en los cursos de espectáculos taurinos y conocedor de mi aversión a la Tauromaquia por mis escritos al ICOV sobre el premio taurino que había creado decide ponerme en la picota con el beneplácito de toda la Junta de Gobierno y de su Presidente que son quienes al final deciden si se continúa o no con los Expedientes. No solo viola mi derecho a la presunción de inocencia, sino que niega realizar pruebas periciales sobre el documento o sobre el Facebook que en mis recursos solicito para mi defensa con el absurdo argumento que no son sede judicial y que saldrían muy caros. Claro, pero el daño difícilmente reparable que esto ha provocado en mi esto no lo ven caro.

Dicho Expediente también ha sido recurrido a ultimas instancia, es decir el CACV. Justificado el mismo con normas judiciales de las que dicen no ser sede judicial puestas allí por asesor jurídico del ICOV, el instructor no para en su obsesión por hacerme caer la mayor sanción posible y se saca de la manga dos agravantes ilícitos: uno el ya dicho que no había sentencia firme del primer expediente disciplinario y dos, consigue del Secretario del Colegio que le suministre todas mis quejas que puse en conocimiento al Presidente del ICOV sobre centros y colegiados que habían cometido presuntas irregularidades. En esto se salta la Ley de protección de datos y, haciendo alarde de un total desconocimiento de lo que debe ser un instructor neutral, llena el Expediente de juicios de valor, calificaciones sobre mi conducta en el ICOV y obvia que no se puede sancionar por algo que no ha sido denunciado.

Este Expediente, del que también ha pasado en tiempo establecido por las leyes administrativas que regulan el mismo, no ha sido contestado por lo que el silencio otorga a la Administración la razón, aunque no se me ha comunicado ni se ha hecho efectiva las sanciones. No obstante, mi derecho me otorga emprender otras acciones ya a nivel Judicial en un Contencioso-Administrativo.

Y llegan las elecciones a cargos del ICOV que se celebran en diciembre de 2019. La Junta de Gobierno que estaba se vuelve a presentar, pero con una novedad. “Premian” a la colegiada que me había denunciado en mi primer Expediente disciplinario como postulante a vocal. En mí, entonces, surge la necesidad de presentarme también por defender lo que ya estaba siendo desesperante con un continuo estrés derivado de que cualquiera que quisiera hacerme daño podía poner una denuncia contra mí y el ICOV abrir nuevos expedientes disciplinarios como los anteriores porque ni tan siquiera tenía en cuenta mis pruebas en las diligencias informativas ya que eran cerrados con el simple argumento de negar la mayor. Pero a mí se me obliga a tener  que probar la presunción de inocencia.

Me presento en último extremo al cargo de Presidente del Colegio. Según el Reglamento de la Comisión Deontológica ésta pasa automáticamente a ser Junta Electoral. Como las resoluciones de mis expedientes no han terminado en sanción firme no había inconveniente para presentar mi candidatura. No obstante, se me niegan correos electrónicos, direcciones postales o teléfonos para poderme poner en contacto con el electorado y hacerle llegar mis propuestas. Esto termina con un enfrentamiento con el Secretario del ICOV que me lo promete. Pero al día siguiente sacan un comunicado diciendo que no se dan estas informaciones por el tema de protección de datos. Yo, entonces pido la anulación de proceso por estar en inferioridad y, además me quejo que los mismos que me instruyen los expedientes disciplinarios en los que me piden la expulsión del ICOV, estén en la Junta electoral. También pido la paralización del proceso electoral por haberse cometido presuntas infracciones como que el presidente se hace propaganda en un escrito público y pone fechas a cursos de formación para el año siguiente comprometiendo las cuentas colegiales. La Junta electoral cuyo presidente es el presidente de la Comisión Deontológica, fiel colaborador del Presidente, me contesta que no hay lugar y se celebran las elecciones con el resultado de que a mí me votan 7 y al otro 179 de 760 colegiados. De hecho, hay vocales que sacan muchos más votos que el señor Presidente.

Yo ya me vi con la espada de Damocles cayendo sobre mi cabeza y más cuando es el propio presidente del ICOV el que pone una denuncia contra mí en el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios (CACV) en el que me pide me retracte de algo que dicen que he dicho en un foro de Facebook, pero ni aportan lo dicho ni pruebas ni nada. Otra acusación falsa que tiene por objeto amedrentarme y cuya finalidad es provocar mi expulsión si no es porque mi recurso al CACV, simplemente preguntando dónde estaba el documento donde se demuestra lo que dice la denuncia del presidente, no tiene respuesta a día de hoy. El escrito del CACV firmado por el secretario del CACV al que recientemente se le dieron unas recompensas en el SICAB.

¿Pero creen que esto ha terminado? Tras las elecciones el nuevo Presidente reelegido anuncia su primera medida: “voy a cambiar los Estatutos colegiales para pedir avales a los que se presenten a los cargos colegiales”. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué lo hace sin argumentar el hecho? .

Empieza el maldito 2020 y la Junta de Gobierno entrante realiza un acto de proclamación solemne en la sala mudéjar del Rectorado de la UCO, antigua Facultad de Veterinaria. ¿Para qué usar las impresionantes instalaciones del ICOV que costaron más de dos millones de euros a los colegiados, si podemos hacer un solemne acto con los amiguetes a los que por el horario fue imposible acudir a la gran mayoría de los colegiados? No obstante, en la página web se realiza un reportaje y se dice que aprovechan la proclamación de la Junta de Gobierno para designar también las distintas Comisiones. Hasta la fecha la única comisión que hay es la Deontológica y es muy extraño o, al menos el procedimiento lo ha sido, en la que vuelven a repetir los mismos que estaban en la anterior Comisión Deontológica cuando las normas y leyes dicen que no deben ser designadas directamente por una Junta de Gobierno o su Presidente para garantizar neutralidad. Y si, vaya sorpresa, el colegiado jubilado que actuó como instructor en el expediente ES03/2019 vuelve a formar parte de dicha Comisión Deontológica aun infringiendo el Reglamento. Pero no pasa nada el señor Presidente, en la Asamblea de Colegiados, quitará el artículo que lo delata y Santas Pascuas.

Y entonces parió la abuela. Con fecha 6 de marzo (que poquito quedaba para la pandemia y el confinamiento) de 2020 se me abre otro Expediente Disciplinario (ES01/2020). El denunciante el mismo que envió una fotocopia de un pantallazo en el Expediente por el que se me pide un año de expulsión (ES03/2019). El mismo modus operandi, envía al presidente del ICOV una fotocopia de un pantallazo, esta vez del Messenger; sin fecha con unas frases que dicen “eres un fachoso te vas a enterar” y me las atribuye. Por supuesto envió a la Junta de Gobierno unas alegaciones en las que lo niego y unas pruebas consistentes en pantallazo de mi Messenger en que se advierte que no es mi cuenta ni tampoco hay ningún mensaje en la fecha que dice se produjo. Además, aporto el mismo informe pericial de un experto en ciberseguridad en que se demuestra lo fácil que resulta hacer un pantallazo falso en las distintas redes como Facebook y Messenger con una aplicación gratuita. Nada de esto convence al Presidente ni a su Junta de Gobierno y esta vez procede a elevarme la sanción a 3 años de expulsión del ICOV y presenta como instructor al colegiado de la Comisión Deontológica que, mira qué casualidad miembro de la Junta Electoral y es colaborador del ICOV en los Cursos de Veterinario de Directorio.

Esta vez la Junta de Gobierno y el Presidente a sabiendas de que esta apertura de expediente era injusta y basada en falsedades y, además no punible por el Código Deontológico tiran hacia adelante a ver si así termino de derrumbarme anímicamente o con la presunta intención de hacerme todo mal y desprestigiar mi carrera colegial y profesional. Lo mismo que el colegiado denunciante al cual ni le han tocado un pelo por presentar denuncias basadas en falsedades y que el Presidente debió archivar en ese mismo momento porque para eso tiene un asesor jurídico.

Como era de esperar mi recurso no llegó esta vez al CACV puesto que el instructor lo sobresee por el motivo antes alegado de no entrar en la competencia del Código Deontológico. No obstante, se ha pedido la rectificación del Expediente que se me abrió injustamente para que se cierre debidamente quitándome toda culpa de la atribución de los hechos a lo que todavía estoy esperando respuesta.

Ahora, se presenta una convocatoria de Asamblea General de Colegiados, la que se tuvo que anular en marzo por el confinamiento pero que podía haberse retomado en junio cuando terminó tal. En el Orden del día a parte de aprobar las cuentas una solicitud de modificación de los Estatutos colegiales y otra del Reglamento de la Comisión Deontológica. No puede hacerse presencial en su totalidad porque el aforo de la sala de actos es de 100 personas y por las normas no se puede completar más del 33% y eso que estamos en un sótano sin ventilación y sin salida de emergencia. Los primeros 33 colegiados que se apunten podrán estar en la sala, el resto por videoconferencia en la que aseguran que pueden estar hasta 500 conectados a la vez, pero nunca se ha hecho en este ICOV. Un día antes de hacerse la Asamblea hay apuntados 15 colegiados. La junta de Gobierno son 9. Se van a votar cuestiones fundamentales como es el tema de los avales para poder participar como candidato en las elecciones teniendo en cuenta que no se pueden solicitar teléfonos ni direcciones será complicado reunir para algunos el 7 % para la Presidencia o el 3% para la vocalía de unos 800 colegiados. Y se va a votar que los jubilados en la comisión deontológica ya no tienen que cesar como tuvo que hacerlo el que instruyó mi expediente por el que me piden un año de expulsión. Aún aparece en la página web del ICOV los nombres de la nueva Comisión Deontológica en la que aparece, entre otros que repiten, el colegiado jubilado que instruyó ES03/2019 y condena de expulsión del Colegio sin que el responsable de esto, que no es otro que el Presidente, lo haya modificado. ¡Para qué si ya se cree vencedor y que los cambios que propone serán votados a su favor!

Pero nada dice ni comenta ni argumenta ni pide en una Asamblea de colegiados una solicitud formal para el uso de recursos del ICOV para realizar un estudio experimental con leche de vaca inmunizada a la que el grupo de investigación al que pertenece el Presidente  le han sido negada ayudas de la Junta de Andalucía y de la Universidad donde ejerce de asesor por el tema de covid-19.¡Para qué si está usando el ICOV como si fuera el Departamento de Enfermedades Infecciosas que dirige como catedrático.!

Tampoco le ha interesado propuestas para incorporarlas a los Estatutos colegiales que quiere reformar o al Reglamento de la Comisión Deontológica como son la creación de la figura del defensor del colegiado o la realización de un código de conducta para las Juntas de Gobierno. Propuestas que yo llevaba en mi candidatura a presidente del ICOV en las últimas elecciones. ¡Para qué vamos a defender a los colegiados cuando se presenten problemas como los que he mencionado aquí, si estos pueden recurrir a la infinidad de licenciados en derecho y asesores jurídicos de pago privados o las conductas de las Juntas de Gobierno son siempre intachables y merecedoras de todo crédito ético y deontológico, cuando no administrativo o, incluso delictivo por acción u omisión!!

Mientras tanto desde que se creó la nueva Junta de Gobierno mis preguntas, requerimientos, quejas , indicaciones o sugerencias, siempre dirigidas al Presidente del ICOV ,no son contestadas, se hacen solo parcialmente algunas y otras se contestan incitándome a denunciar a los colegiados para que así el ICOV, que tiene la responsabilidad de atender lo que los colegiados ponemos en conocimiento de supuestas irregularidades y/o delitos, recaiga sobre el denunciante y utilizar esto, como ya se ha hecho conmigo, para aumentar las sanciones en los Expedientes disciplinarios o provocar desazón, malestar en la persona inocente y así quitarle las ganas de volverlo a hacer.

A veces pienso que estas medidas de presunto encubrimiento no hacen bien al ICOV ni a la profesión. Pero esto es una batalla de David contra Goliat como lo son todas aquellas entre Administración y administrado.

Ya sé que es larga esta carta, pero más largo ha sido el periplo en los que un posible conflicto personal me han mantenido en continuo estrés que ha llegado a provocar daños de difícil reparación en mi trabajo profesional y en mi salud mental.

Rafael A. Luna Murillo veterinario