En las últimas semanas los mataderos han cobrado protagonismo debido a su implicación en considerables y numerosos brotes de la COVID-19.

Sus bajas temperaturas, alta humedad, hacinamiento y condiciones laborales, han creado la “tormenta perfecta” para los brotes y la propagación del coronavirus, revelándose, así, como un sector de alto riesgo para el contagio de la COVID-19.

Estos establecimientos son, como norma general, empresas privadas que están sometidas a un control permanente de las Autoridades Sanitarias a través del Veterinario Oficial de Salud Pública, que ejerce labores, entre otras, de inspector sanitario. Este profesional brinda su sólida y amplia formación en Medicina Veterinaria para detectar cualquier riesgo que pueda afectar a la salud de la población a partir de la actividad realizada en estas empresas, y sobremanera, los relacionados con enfermedades zoonóticas.

Su concienzuda formación médica, le permite hacer una evaluación completa y holística, por tanto, de cualquier riesgo sanitario, teniendo en cuenta los signos clínicos de los animales antes del sacrificio (inspección ante mortem), así como, de las lesiones e indicios del examen forense o anatomopatológico del animal sin vida (inspección post mortem), todo ello, atendiendo, a su vez, a los riesgos ambientales, derivados de las condiciones de temperatura, humedad, estado y diseño de las instalaciones o, condiciones en que se desarrolla el trabajo. Esta evaluación de riesgos, requiere una formación muy cualificada y una dedicación muy exigente que demanda tiempo y concentración.

Ya antes de esta crisis sanitaria, SIVEPA había recibido numerosas quejas de los Inspectores Sanitarios Veterinarios de Matadero apuntando a lo inadecuado de las condiciones laborales en estos establecimientos. Las principales protestas estaban relacionadas con las exigencias, cada vez más grandes, para realizar tareas de protección de la salud a toda velocidad, llegando a exigirles cosas tan sorprendentes como reducir el tiempo dedicado a la inspección de una canal de porcino de a unos ridículos 30 segundos y otras cuestiones similares en vacuno, ovino, equino, etc. Estos profesionales ya nos habían mostrado su malestar al respecto en diversas ocasiones, ya que esos ritmos de trabajo no son acordes con la exigente responsabilidad de evaluar en su conjunto todos los riesgos para la salud de la población derivados de esta actividad.

Aun en este inadecuado marco de condiciones, al comienzo del periodo de alarma, un nutrido grupo de estos sanitarios remitieron a SIVEPA informes sobre los numerosos riesgos que estos establecimientos planteaban frente a la COVID-19 por sus especiales condiciones. Estos informes, que fueron trasladados vía interna a la Administración del Principado, detectaban puntos críticos de contagio de coronavirus y planteaban medidas de reducción de los mismos. Pasados los meses se ha visto que sus apreciaciones eran acertadas y lo valioso de sus análisis en el campo de la protección de la salud, presentando los mataderos grandes debilidades frente a esta zoonosis.

Sin embargo, aprovechando que este sector ha funcionado casi siempre en la sombra y, por ende, alejado de la luz de los medios de comunicación, la presión sobre el médico veterinario, no solo no ha mejorado, sino que, poco a poco, ha ido sufriendo más presiones y agresiones de todo tipo. Desde algunos ámbitos de poder de la propia Administración se ha favorecido una merma en la calidad de los controles veterinarios impulsando la figura del Auxiliar Veterinario de Matadero. Esta figura, que intenta sustituir parcialmente a un Licenciado o Graduado universitario Veterinario con amplios conocimientos integrales en medicina, y capaz de hacer análisis completos de los riesgos sanitarios y sus relaciones, por un operario con un cursillo técnico. Con esta tendencia, se derrumba la calidad sanitaria del control, se abre el camino para la privatización de esta parte de la sanidad pública “por la puerta de atrás” y se merma la independencia, ya que la empresa puede influir en la elección de este tipo de operarios.

Esta crisis del coronavirus en los mataderos ha puesto de manifiesto más que nunca lo erróneo de toda esta tendenciosa deriva de la Administración. Hace falta que el Inspector Veterinario de Mataderos esté presente para controlar TODOS los riesgos sanitarios, con especial relevancia sobre las zoonosis, y la COVID-19 no es nada más que otra de las múltiples zoonosis, emergentes y no emergentes, a las que el médico veterinario se enfrenta y arriesga en su trabajo cada día para proteger la salud pública.

¿Cuánto habrá tenido que ver el exceso de presión sobre el Inspector Veterinario de Mataderos, sus malas condiciones laborales, haber reducido su presencia y no haber tenido en cuenta sus indicaciones sanitarias, con los últimos brotes de la COVID-19 en el sector?

Quizá no podamos responder con precisión a esta pregunta, pero está claro que ayudar no ayuda, y el mensaje para las Administraciones Públicas es claro: intentar ahorrar bajando la calidad y cantidad de los controles sanitarios, sobre todo los de la Veterinaria de Salud Pública (Art. 8.2 Ley 14/86 General de Sanidad), a la larga, sale infinitamente más caro a la propia Administración, y a la sociedad completa, en términos económicos y de salud.

Un cordial saludo

El Presidente del Sindicato Veterinario Profesional de Asturias

Dr. José Fernández Romojaro

Teléfono de contacto 636135605