Seis asociaciones animalistas, Lau Katu de Legazpi, la asociación estatal Mis amigas las palomas (MALP), Gureak, Bere Ahotsa, 7 Vidas y Haiekin, se han unido para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) la Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección, Bienestar y Tenencia Responsable de los Animales de Compañía aprobada recientemente por el Ayuntamiento de Bilbao.

Según ha informado Haiekin, con el resto de asociaciones han interpuesto recurso contencioso administrativo contra esta «polémica» ordenanza por entender que, entre otras, «vulnera las dos leyes de protección animal, la vasca y la estatal».

Haiekin ha explicado que la demanda fue admitida a trámite por decreto de 13 de junio dictado por la sección Primera de la Sala de Lo Contencioso Administrativo del TSJPV, que «inmediatamente procedió a requerir al Ayuntamiento bilbaíno el expediente administrativo».

Previamente a instar la demanda, la asociación Haiekin presentó 33 alegaciones, «asentadas todas ellas en las competencias que tiene el Ayuntamiento de Bilbao y mandatos establecidos en la Ley Vasca de Protección Animal y en la ley estatal de Bienestar y Derechos de los Animales», en un documento de 36 páginas.

De estas alegaciones, ha recordado Haiekin, el Ayuntamiento de Bilbao solo aceptó, de forma parcial, las que corregían los «errores de bulto más disparatados, pero no las que tenían que ver con la parte más lesiva para los animales».

Por su parte, la asociación MALP solicitó en sus alegaciones que las aves urbanas no sean catalogadas en ningún caso como plagas, «un punto que se encuentra en consonancia con varias normativas existentes, como la Ley 9/2022 de protección animal de Euskadi y la Ley 7/2023 de protección animal de ámbito estatal», ha precisado Haiekin, para remarcar que esta solicitud «no solo es una cuestión de principios, sino que también tiene bases en la legislación europea que protege a las aves y su hábitat».

Haiekin ha denunciado que esta ordenanza «cortoplacista parece diseñada para que el Ayuntamiento se desentienda de sus obligaciones con respecto a los animales de compañía, lo que podría dar lugar a un incremento del maltrato animal». Como ejemplo ha puesto la definición de extravío, «donde no se establece que, para que un perro sea considerado extraviado, debe ser comunicada esta pérdida».

«La falta del deber de comunicar la pérdida de un animal antes de considerarlo como extraviado podría llevar a que casos de abandono pasen desapercibidos», ha advertido.

Además, ha señalado que se observan «excepciones en la normativa municipal que carecen de respaldo legal». En esa línea, ha indicado que «para que ciertos artículos de la ley sean aplicables, se requiere un reglamento de desarrollo que todavía no ha sido aprobado». «Esta laguna legislativa genera incertidumbres y ofrece bases inadecuadas para el cumplimiento de las leyes de protección animal», ha criticado.

Por otro lado, Haiekin ha recordado que en octubre del año pasado, 60 asociaciones de Euskadi apelaron al Ayuntamiento para que no aprobara esta ordenanza, advirtiendo sobre «su potencial nocividad para los animales». «Este clamor fue ignorado, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de escucha y diálogo del gobierno local con respecto a las inquietudes de la ciudadanía y las entidades que defienden los derechos de los animales», ha censurado.

GATOS COMUNITARIOS

Por otro lado, la asociaciones animalistas consideran que esta ordenanza «deja sin atención ni esterilización y en el más absoluto abandono a la gran mayoría de gatos comunitarios de Bilbao, algo que solo conlleva a un aumento descontrolado de su población y a un deterioro de su bienestar, perpetuando así un ciclo de maltrato».

Las asociaciones entienden que esta norma «no persigue solucionar los problemas, sino ocultarlos, y lejos de proteger a los animales, anula los avances en protección animal que se han dado en estos últimos años».