El PSPV-PSOE de la Diputación de Castellón ha denunciado la «absoluta dejadez» con la que el Partido Popular está abordando sus competencias en bienestar animal, a pesar de que la legislación estatal atribuye a las diputaciones un papel fundamental para colaborar con los ayuntamientos en esta materia.

Así lo ha afirmado la diputada socialista Merche Galí, quien ha lamentado que «el equipo de Marta Barrachina no acaba de tomarse en serio este tema y continúa poniendo trabas a los municipios con errores de manual».

Galí ha recordado que el año pasado, a raíz de la nueva normativa, la Diputación abrió una convocatoria de ayudas dirigida a los municipios pequeños para desarrollar políticas de bienestar animal. No obstante, «en lugar de facilitar las cosas, complicaron el acceso a las subvenciones exigiendo requisitos difíciles de cumplir para la mayoría de pueblos, como tener una ordenanza municipal propia y una asociación local encargada del cuidado de los animales», ha dicho.

Según la diputada, «este año el PP tenía la oportunidad de corregir los errores y atender las críticas de los ayuntamientos; sin embargo la respuesta de Presidencia ha sido hacer oídos sordos y lanzar nuevamente las ayudas, pero creando dos nuevos problemas».

«El primero es que no se ha incrementado la dotación presupuestaria, por lo que las ayudas serán aún más insuficientes; y el segundo es que se mantiene un modelo de puntuación que da prioridad a la memoria técnica, un documento que solo pueden elaborar con detalle los ayuntamientos con más personal y recursos», ha añadido.

En este sentido, Merche Galí ha subrayado que «no se pueden exigir los mismos requisitos a un pueblo de 300 habitantes que a una ciudad como Castelló de la Plana». Por ello, desde el grupo socialista exigen «criterios objetivos y equitativos que garanticen la igualdad de oportunidades entre municipios, sea cual sea su tamaño».

La representante socialista ha insistido en que «la responsabilidad de velar por el bienestar animal recae ahora sobre la Diputació, según establece la ley estatal, y no se puede trasladar toda la carga a los ayuntamientos sin ofrecerles los recursos y condiciones necesarios para cumplir con la normativa».

«El bienestar animal no puede depender del tamaño de tu ayuntamiento ni de si tienes capacidad para redactar una memoria más vistosa. Hay que hacer políticas útiles y justas, no simulacros que solo generan frustración en los pueblos que quieren hacerlo bien», ha concluido.