El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por la celebración de peleas de gallos en distintas islas del archipiélago, organizadas bajo la cobertura de la Federación Gallística Canaria y asociaciones vinculadas, a pesar de tratarse de una actividad expresamente prohibida por la legislación estatal desde el año 2007.

La denuncia se apoya en una exhaustiva documentación jurídica y probatoria que acredita la celebración de campeonatos, liguillas y torneos gallísticos en islas como Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote o Fuerteventura, señala la formación en una nota.

Entre los hechos denunciados se incluye la celebración del III Torneo Gallístico «La Tradición», celebrado los días 5 y 6 de abril de 2025 en el Complejo Deportivo Vicente López Socas, una instalación municipal dependiente del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.

PACMA denuncia que durante este evento se disputaron decenas de peleas de gallos durante más de seis horas, «con animales obligados a agredirse hasta quedar inconscientes, gravemente heridos o muertos».

Según la documentación aportada, los gallos eran forzados a reincorporarse cuando caían desplomados, se les arrancaban plumas, mutilaba la cresta y colocaban espuelas como armas, sin que existiera ningún tipo de atención veterinaria, ni medidas de protección o higiene.

La formación política subraya que estas prácticas no pueden ampararse en un supuesto carácter deportivo, ya que no cumplen con la definición legal de actividad deportiva ni están registradas como tal.

Además, sostiene que la Federación Gallística Canaria carece de cobertura legal para organizar competiciones.

PACMA recuerda que la Ley 32/2007, de ámbito estatal, prohibió sin excepciones en su artículo 14 la utilización de animales en peleas en todo el territorio nacional desde su entrada en vigor, lo que dejó sin efecto cualquier permisividad previa recogida en la normativa autonómica.

A ello se suma el reconocimiento legal de los animales como seres sintientes, tanto en el Estatuto de Autonomía de Canarias como en el Código Civil, lo que hace incompatible la continuidad de este tipo de espectáculos con el marco jurídico vigente, indica.