El encargado de una empresa de transportes ha señalado que los acusados de tener en Llucmajor un criadero ilegal de tortugas recibían «de vez en cuando» palets con ratones congelados, situación que les resultaba «chocante».

Ha sido en la sesión de este viernes del juicio que en la Sección Primera de la Audiencia se sigue contra una pareja acusada de tener en su finca de Llucmajor un criadero de tortugas acuáticas, terrestres y de bosque, así como galápagos, muchas de ellas de especies protegidas y amenazadas y que se enfrentan a cinco años y medio de prisión cada uno; y contra el responsable de una tienda de reptiles en Barcelona, acusado de ser el intermediario en los envíos, que se enfrenta dos años de cárcel.

El transportista ha explicado que suponía que los ratones congelados eran para dar de comer a animales, porque había escuchado, aunque no lo sabía con certeza, que se dedicaban a esta actividad.

A preguntas de la defensa de los acusados, el testigo ha asegurado que nunca transportó animales vivos y que para esta modalidad se requieren unos permisos especiales. El encargado ha recordado además que una vez tuvo que tramitar el envío de un caseta o un pequeño vivero, para el que fue necesario un camión grúa.

También ha declarado como testigo un responsable del centro de conservación animal en el que fueron depositados los animales intervenidos en la tienda de reptiles de Barcelona, que ha explicado que a día de hoy la mayoría han muerto. «Sólo quedan una tortuga y dos salamandras», ha señalado.

LOS HECHOS

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra desde el pasado lunes el juicio contra una pareja acusada de tener un criadero de tortugas de especies amenazadas en una finca en Llucmajor y de venderlas a través del propietario de una tienda de reptiles, que también se sienta en el banquillo.

La Fiscalía pide que la pareja sea condenada a cinco años y medio de prisión cada uno y, el tercer acusado, a una pena de dos años. También reclama que abonen indemnizaciones que superan los 200.000 euros.

Según el escrito de acusación, en 2018 la pareja tenía en su finca de Llucmajor un criadero de tortugas acuáticas, terrestres y de bosque, así como galápagos, muchas de ellas de especies protegidas y amenazadas.

En un registro en la finca por parte de agentes del Seprona de la Guardia Civil, se comprobó que los acusados tenían una importante logística destinada a la cría y reproducción de las tortugas. En este y otros registros, señala el escrito, se decomisaron más de 1.000 ejemplares.

La cuantía total de la valoración económica de las tortugas que tenían y de las crías que nacieron de los huevos decomisados asciende a medio millón de euros.

Las compras y ventas de los animales, según el Ministerio Fiscal, las llevaba a cabo el tercer acusado, propietario de una tienda de reptiles en Barcelona. Esta persona, apunta el escrito, facilitaba las compras y ventas a terceros de estas especies protegidas y, en algunas ocasiones, adquirió él mismo tortugas.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito contra la fauna, otro de contrabando y otro de blanqueo de capitales.