El Partido Animalista recuerda que el antiguo centro arrastra años de denuncias e incumplimientos y reprocha al Ayuntamiento que solo actúe cuando la situación alcanza gravedad pública.

 El coordinador insular del Partido AnimalistaPACMA en Ibiza, Olivier Hassler, considera que la intervención realizada esta semana en el entorno de las antiguas instalaciones de Can Dog «vuelve a evidenciar» una actuación tardía por parte del Ayuntamiento de Sant Joan.

La retirada de tres perros y la revisión de la situación documental de otros animales no constituye un hecho aislado. El antiguo Can Dog fue clausurado como núcleo zoológico tras años de denuncias e inspecciones que pusieron de manifiesto graves deficiencias. Apenas unos días antes de esta intervención, las instalaciones habían vuelto a ser inspeccionadas tras recibirse nuevas denuncias sobre una posible continuidad de la actividad.

Meses sin respuesta a las denuncias de PACMA

En diciembre del pasado año, el Partido Animalista registró varios escritos dirigidos al Ayuntamiento solicitando, entre otras cuestiones, que se comprobara si el responsable de varios perros potencialmente peligrosos disponía de las licencias y autorizaciones legalmente exigibles. A día de hoy, esos escritos continúan sin respuesta.

Los hechos conocidos esta semana ponen de manifiesto que han sido las actuaciones e informes del SEPRONA los que finalmente han impulsado la intervención administrativa. Resulta difícil compatibilizar esta realidad con el remarcado compromiso con el bienestar animal que el Ayuntamiento asegura mantener: «La protección animal exige prevención, no únicamente actuaciones cuando los problemas ya son públicos», añade Hassler.

Además, Sant Joan continúa siendo, a juicio de PACMA, «el municipio más retrasado de Ibiza» en la aplicación de la normativa de protección animal. Casi cuatro años después de la entrada en vigor de la Ley 7/2023, sigue sin desarrollar un programa estable de gestión ética de colonias felinas ni campañas permanentes de esterilización, obligaciones previstas en la mencionada norma.

«El caso Can Dog demuestra que cerrar un expediente no basta si no existe un seguimiento. La protección animal no puede depender de que las situaciones se hagan mediáticas para que las administraciones reaccionen», concluye el coordinador.