La Fundación Franz Weber (FFW) ha denunciado que, siete años después de su restricción, algunos cazadores de Galicia aún utilizan collares para producir descargas eléctricas a sus animales. Estos artefactos, diseñados para implantar castigos, están vetados por el artículo 9 de la Ley de Bienestar Animal de Galicia de 2017.

La normativa autonómica califica su uso como «infracción grave» y lo castiga con una multa de hasta 5.000 euros, la posibilidad de confiscación de los animales afectados y de prohibición de tenencia de los mismos de uno a cinco años.

La FFW pide al Gobierno autonómico que disponga de más medios humanos para prever el uso de collares eléctricos, en una época del año en la que la caza es abundante y las estrategias de inspección muy complicadas, debido a la liberación de la actividad hasta febrero de 2025.

Los animalistas advierten de que la negativa de los cazadores ante esta ley no es nueva, ya que en el momento de su aprobación, el sector de la caza se posicionó en contra de su aplicación. La finalidad de los collares es adiestrar y modificar el comportamiento, sin embargo, pueden generar todo lo contrario, tal y como cuenta la FFW.

Este colectivo no es el único órgano que ha mostrado su descontento con estos collares. En 2018, un año después de la aprobación de la ley, la Asociación Veterinarios Españoles Especialistas Pequeños Animales (Avepa) advirtió sobre los peligros que conlleva el uso de estos artefactos y apela que «su mal uso o abuso resulta demasiado probable», aparte de que «existen alternativas igualmente de efectivas e inofensivas».