¡Basta de abusos! La veterinaria en peligro: El Real Decreto 666/2023 es un ataque a la profesión y a la salud pública

La profesión veterinaria atraviesa un momento crítico, un estado de alerta que se ha intensificado con la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023. Este decreto se ha convertido en un yugo que no solo limita la capacidad de los profesionales para ejercer la medicina veterinaria de manera efectiva, sino que también amenaza con desdibujar la esencia misma de esta noble profesión. Más de 3.000 veterinarios se manifestaron ante el Ministerio de Agricultura en Madrid, expresando su descontento y su preocupación por un futuro que, a este ritmo, parece sombrío.

La protesta, convocada por el Comité de Crisis Veterinario, reunió a profesionales de todos los ámbitos: clínica de grandes y pequeños animales, salud pública, producción, docencia e investigación. Esta movilización es un claro indicador de que estamos en un punto de inflexión, donde la voz de los veterinarios se alza en un grito unificado de resistencia. Sin embargo, mientras el Ministro Luis Planas se encontraba en Córdoba, hablando sobre el liderazgo de España en inteligencia artificial aplicada al sistema agroalimentario, los veterinarios, como auténticos garantes de la salud pública, estaban allí, en la puerta del ministerio, demandando cambios urgentes y necesarios.

El Real Decreto 666/2023 no es solo una norma más; es una restricción que contradice las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento, obligando a un uso inflexible de los antibióticos y limitando la capacidad de los veterinarios para tomar decisiones clínicas fundamentadas. Este decreto no solo afecta su práctica diaria, sino que también pone en riesgo la salud de los animales y, por ende, de las personas que dependen de ellos. Las decisiones sobre el tratamiento de un paciente deben basarse en el criterio clínico del veterinario, no en una normativa rígida que desconoce las realidades del ejercicio veterinario.

Uno de los aspectos más preocupantes de esta normativa es el sistema PRESVET, diseñado para la recogida de datos sobre el uso de medicamentos veterinarios. A primera vista, puede parecer una herramienta útil, pero en la práctica se convierte en un sistema coercitivo y humillante para los profesionales veterinarios. Este sistema criminaliza el ejercicio clínico y convierte cada consulta, cada decisión terapéutica, en una carga burocrática inasumible. La necesidad de documentar cada acción de manera exhaustiva no solo consume tiempo valioso, sino que también aleja a los veterinarios de lo que verdaderamente importa: el bienestar de sus pacientes.

La salud mental de los veterinarios ya es un tema que preocupa a la comunidad. Su trabajo es emocionalmente exigente; lidian con el sufrimiento de los animales, la presión de los dueños que buscan soluciones a problemas complejos y, ahora, la carga adicional de cumplir con una normativa que no se ajusta a las necesidades reales de su práctica. El riesgo de problemas de salud mental entre los veterinarios es alarmante y, con el peso del Real Decreto 666/2023 y el sistema PRESVET, este riesgo se incrementa exponencialmente. Ya son la profesión con mayor tendencia a padecer problemas de salud mental, y esta nueva carga solo exacerba la situación.

Es incomprensible que las autoridades competentes no reconozcan la importancia del colectivo veterinario en la salud pública. Quizás el Ministro Planas no se dé cuenta de que su salud y la de toda la población depende de la labor que realizan los veterinarios. Las viandas que consumimos, los productos que encontramos en el mercado, todo ha pasado por el control de veterinarios que aseguran que sean seguros y saludables. Sin ellos, el sistema alimentario se vería gravemente afectado, y es nuestra responsabilidad recordarles a quienes toman decisiones que son fundamentales en esta cadena.

Desde el 5 de marzo, la profesión veterinaria ha sido clara: si no se atendían sus reivindicaciones, regresarían a manifestarse. Han pasado varios meses desde la aprobación de la enmienda transaccional, y siguen esperando una respuesta técnica por parte del Ministerio de Agricultura. La falta de diálogo y la ausencia de propuestas concretas por parte de las autoridades son una falta de respeto absoluto hacia un sector que ha demostrado su valía y compromiso con la salud pública.

Diversas organizaciones como VetsUnidos o VetWarriors , colegios veterinarios, profesionales de la docencia, salud pública, investigación…, han expresado su deseo de dialogar, de encontrar soluciones que permitan a los veterinarios trabajar adecuadamente, pero hasta ahora no han visto avances. La flexibilidad en la prescripción, el reconocimiento de su criterio científico y profesional y el derecho a tratar a los animales de manera completa y eficaz son demandas que no pueden seguir ignorándose.

La derogación inmediata del Real Decreto 666/2023 y el desarrollo de una nueva legislación sobre medicamentos veterinarios adaptada al Reglamento Europeo son pasos indispensables. Necesitamos una normativa que respete el criterio clínico de los veterinarios y que se ajuste a las necesidades reales de sus pacientes. Los veterinarios deben ser considerados como profesionales sanitarios de primera, como ocurre en el resto de Europa. La falta de voluntad para abordar este problema por parte de los responsables es decepcionante por decirlo suavemente.

La manifestación que tuvo lugar ante el Ministerio de Agricultura no fue solo un acto de protesta; fue un llamado a la acción. Es un recordatorio de que la comunidad veterinaria está unida y dispuesta a luchar por lo que es justo. Es un aviso a las autoridades de que no se rendirán hasta que se escuchen sus voces. La salud de los pacientes, la salud de la población y el futuro de la profesión veterinaria están en juego.

Debemos exigir un cambio real y significativo. La situación es alarmante, y solo a través de la unión y la determinación podremos lograr que las reivindicaciones sean atendidas. La veterinaria es más que una profesión; es una vocación y un compromiso con la salud de sus pacientes y de la población en general. No podemos permitir que una normativa injusta y coercitiva ponga en riesgo todo lo que hemos trabajado durante muchísimo tiempo.

Al reflexionar sobre la labor de los veterinarios, me doy cuenta de que, en muchos aspectos, salvan más vidas que los médicos. Cada día, tratan a animales que, a su vez, son compañeros leales de las familias, fuentes de alimento y parte integral de nuestro ecosistema. Cada consulta, cada tratamiento, cada decisión que toman tiene un impacto directo no solo en la vida del animal, sino también en la salud y el bienestar de las personas que dependen de ellos.

Desde el cuidado preventivo hasta las intervenciones de emergencia, su labor es crucial para mantener la salud pública. Cuando un veterinario salva a un perro de una enfermedad infecciosa, está protegiendo no solo al animal, sino también a sus dueños y a la comunidad en general. Lo mismo ocurre con los veterinarios que cuidan de los animales de granja y de los caballos; su trabajo asegura que estos animales estén sanos, lo que a su vez garantiza la seguridad alimentaria y el bienestar de quienes dependen de ellos para su sustento y placer.

Nos enfrentamos a desafíos únicos y complejos, y a menudo son los primeros en detectar problemas que pueden tener repercusiones en la salud humana. Es un recordatorio poderoso de que, aunque a menudo son invisibles en la conversación sobre salud, su contribución es invaluable. La veterinaria no es solo una profesión; es una vocación que salva vidas, y es fundamental que se les reconozca y valore adecuadamente como sanitarios. En este sentido, su lucha no es solo por ellos mismos, sino por todos aquellos a quienes prestan sus servicios. La salud de los animales y la salud de las personas están entrelazadas, y es hora de que se los escuche y se les dé el lugar que merecen en la defensa de la salud pública.

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