Carta abierta al Presidente del CGCOF de un veterinario indignado

Estimado Sr. Aguilar, Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF):

Me dirijo a usted en relación con su intervención del pasado día 25 ante la Subcomisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Entiendo, como es natural, que realice una defensa de los intereses corporativos de su colectivo; sin embargo, dicha defensa no debe basarse en la criminalización de otros profesionales sanitarios. A pesar de que usted afirmó no querer «criminalizar a nadie», sus palabras acusando a los veterinarios de vulnerar el marco legal y comprometer la salud pública resultan de una gravedad extrema y carecen de fundamento.

En su intervención, usted afirmó:

“El 70 % de las prescripciones de antibióticos que se usan en animales de compañía se concentran en tres principios activos de los 33 disponibles: la amoxicilina, el metronidazol y la doxiciclina […] Cuando se utilizan de forma masiva un número tan limitado de antimicrobianos, por criterios posiblemente económicos y no clínicos, no solamente se vulnera el marco legal, sino que se compromete la salud pública y se favorece la aparición de resistencias”.

Sr. Aguilar, me parece una temeridad que cuestione la prescripción de los veterinarios españoles afirmando que comprometemos la salud pública y, permítame decirle, resulta muy ofensivo sugerir que lo hacemos por «criterios económicos».

Los clínicos prescriben los antibióticos adecuados para las patologías de sus pacientes siguiendo estrictos criterios científicos. Desconozco si posee usted algún estudio que demuestre que estos tres principios activos no son los indicados para una gran mayoría de las infecciones tratadas en las clínicas veterinarias.

Si realmente estuviera interesado en la lucha contra las resistencias antimicrobianas y conociera a fondo la legislación sobre medicamentos veterinarios, sabría que la amoxicilina, el metronidazol y la doxiciclina pertenecen al Grupo D de la categorización de la EMA (AMEG). Precisamente, la normativa vigente nos obliga y el PRAN nos aconseja priorizar el uso de este grupo, reservando los grupos C y B para casos donde los anteriores no sean eficaces, por ser estos últimos más críticos para la salud humana.

Al contrario de lo que usted sostiene, el hecho de que el 70 % de las prescripciones se concentren en estos tres antibióticos del Grupo D es un éxito de la veterinaria española y un ejemplo de uso racional de antibióticos que sitúa a España a la vanguardia de Europa. Además, resulta irónico que mencione el factor económico cuando, al ser moléculas antiguas, estos medicamentos suelen ser considerablemente más económicos que los de los grupos C y B.

Es incomprensible que nos acuse de vulnerar el marco legal cuando el RD 666/2023 nos obliga precisamente a esa utilización prioritaria. Poner en duda la ética de miles de profesionales veterinarios en sede parlamentaria, basándose en premisas erróneas, exige una rectificación inmediata y una petición de disculpas formal.

Le recuerdo que las farmacias y entidades minoristas que ustedes controlan son los únicos proveedores de medicamentos de los veterinarios, y nadie discute que sigan siéndolo. Resulta incomprensible que lance ataques contra sus propios clientes cuando lo lógico

sería establecer un diálogo para mejorar la seguridad en el uso de medicamentos. Un buen punto de partida sería colaborar para evitar que fármacos con alto riesgo de reacciones adversas, como muchos antiparasitarios, se vendan sin control veterinario ni farmacéutico.

Asimismo, creo que el colectivo farmacéutico debería hacer una reflexión en profundidad y ayudarnos a que la normativa del medicamento vele por que el veterinario no esté sometido a un conflicto de intereses a la hora de prescribir y, simultáneamente, se reconozca su legítima actividad de venta al por menor de medicamentos, tal y como contempla el Considerando 47 del Reglamento (UE) 2019/6.

Aunque usted evitó mencionar las explotaciones ganaderas, éstas también necesitan medicamentos que debemos prescribir y dispensar. Como profesional que se ha dedicado al sector vacuno, voy a terminar esta carta haciendo referencia al sector vacuno al que me he dedicado durante mi vida profesional: me preocupa que por enfrascamos en luchas por la «propiedad de la vaca» discutiendo principios corporativistas, otros terminen “ordeñándola” mediante interpretaciones interesadas de las normas. Al final, quien pagará las consecuencias será el ciudadano y la salud pública que ambos debemos proteger.

Atentamente,

Dr. Luis Miguel Cebrián Yagüe Veterinario

Colegiado N.º Z-720

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