CEVE muestra su satisfacción por la “gran respuesta” del sector veterinario en la protesta del pasado 18-N y el rechazo “unívoco y mayoritario” al RD 666/2023
CEVE muestra su satisfacción por la “gran respuesta” del sector veterinario en la protesta del pasado 18-N y el rechazo “unívoco y mayoritario” al RD 666/2023
• El presidente de CEVE, Sebastià Rotger, solicita una nueva reunión ante el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras tres intentos fallidos Viernes
– La dirección de la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) muestra satisfacción por la “gran respuesta” obtenida por parte del sector veterinario en la manifestación convocada el pasado martes 18 de noviembre ante la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en Madrid, que reunió a miles de profesionales llegados desde toda España.
Ante el “éxito” de la convocatoria y el masivo rechazo al Real Decreto 666/2023, el presidente de CEVE, Sebastià Rotger, ha vuelto a reclamar por carta una reunión con el titular del MAPA, después de los últimos tres intentos fallidos, para poder abordar la derogación de una normativa que no tiene arreglo ni posibilidad de reforma. El rechazo es “mayoritario”, como pudo comprobarse el pasado martes, señala Rotger.
Desde CEVE se agradece la “alta asistencia y la implicación” de todo el sector, un “clima de unidad que proyectó una imagen sólida de un sector organizado y consciente de la trascendencia del momento”. Durante la concentración, todas las organizaciones presentes trasladaron al Gobierno y la opinión pública un mensaje “nítido y unívoco: la derogación íntegra del Real Decreto 666/2023”. La profesión veterinaria, a través de sus organizaciones representativas, “reclama la retirada de una norma que consideramos lesiva para la profesión y para la calidad de los servicios veterinarios”.
Esta reivindicación coincide plenamente, punto por punto, con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) registrada por CEVE. La ILP plantea de forma clara la derogación del RD 666/2023 y la necesidad de abrir un nuevo escenario regulatorio que se construya con la participación leal y efectiva de las organizaciones profesionales.
Tras la protesta del pasado martes, CEVE reafirma su compromiso absoluto con la derogación del RD 666/2023 y con la ILP presentada. “La movilización del pasado 18-N demostró que el sector veterinario dispone de fuerza, legitimidad y capacidad para sostener esta reivindicación en el tiempo”, finaliza Rotger.
La patronal veterinaria recuerda que el Real Decreto 666/2023 se elaboró sin incorporar adecuadamente los criterios de los agentes sociales del sector, en especial de los proveedores de servicios veterinarios y de la comunidad científica veterinaria. La aplicación de la norma limita la libertad de prescripción, restringe el criterio profesional del facultativo, introduce una carga burocrática desproporcionada, fomenta situaciones de automedicación, encarece tratamientos, desincentiva el ejercicio clínico responsable y genera un clima de temor permanente a la sanción.
La norma actual perjudica al 48% de hogares españoles
La situación creada por el RD 666/2023 impacta de forma directa en la calidad de la atención, en el bienestar animal y en la salud mental de los profesionales, tal como reflejan los estudios sociológicos realizados en el sector. El conflicto no queda circunscrito al profesional, sino que afecta de manera directa a aproximadamente el 48% de los hogares españoles, que conviven con animales de compañía y que dependen de una atención veterinaria ágil, segura, científica y bajo criterio clínico.
Por todo lo expuesto, CEVE solicita formalmente la celebración de una reunión urgente con el ministro Luis Planas, en la que “podamos trasladarle de primera mano nuestras propuestas y las razones que justifican la derogación del Real Decreto 666/2023”, añade el presidente Sebastià Rotger. En paralelo, CEVE sigue con la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que promueve para cambiar la normativa actual. “Queremos que los veterinarios puedan entregar directamente los medicamentos en sus propias clínicas o centros, como ya ocurre en la mayoría de los países europeos. Así evitamos trámites innecesarios y recuperamos una libertad de prescripción que en España se ha limitado de forma única respecto al resto de Europa”.
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