Francisco Cerezuela: “Los veterinarios de Salud Pública realizamos actuaciones de control oficial en establecimientos alimentarios donde, en ocasiones, se adoptan decisiones con una importante repercusión económica, lo que puede generar situaciones de tensión”.

La Escuela Andaluza de Salud Pública acogió la constitución del Grupo de Trabajo Territorial de la provincia de Granada del Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en el que ha estado representado el Colegio Oficial de Veterinarios de Granada a través de su presidente, Francisco Cerezuela.

La reunión fue convocada por la delegada territorial de Salud y Consumo en Granada, Teresa Illescas, y contó con la participación de responsables de los distintos hospitales y distritos sanitarios de la provincia, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, organizaciones colegiales y organizaciones sindicales.

Durante la sesión constitutiva, la delegada territorial destacó la importancia de este nuevo grupo provincial como espacio de coordinación para la prevención, seguimiento y abordaje de las agresiones a profesionales sanitarios. Asimismo, hizo referencia a las iniciativas que se están impulsando en Andalucía para reforzar la protección de los profesionales frente a este tipo de situaciones.

En la reunión se analizaron también los datos de agresiones registrados durante los primeros meses del año y se abrió un turno de intervenciones en el que los diferentes representantes pudieron trasladar las particularidades de sus respectivos ámbitos profesionales.

El presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Granada puso de manifiesto la especial situación de los veterinarios de Salud Pública, que desarrollan funciones de autoridad sanitaria y control oficial en mataderos, industrias alimentarias, establecimientos de restauración y otros operadores alimentarios. “En determinadas actuaciones tenemos que adoptar decisiones con una repercusión económica importante, como inmovilizaciones de productos, decomisos, requerimientos de medidas correctoras o incluso suspensiones de actividad. Son decisiones necesarias para proteger la salud pública, pero que en determinados contextos pueden generar situaciones de tensión, amenazas o coacciones”, señaló Cerezuela.

Desde el Colegio de Veterinarios se trasladaron al grupo varias propuestas destinadas a reforzar la prevención y protección de estos profesionales. Entre ellas, se planteó que el registro y análisis de las agresiones permita identificar específicamente aquellas que se producen durante actuaciones de control oficial o de Protección de la Salud.

Asimismo, se propuso avanzar hacia un protocolo de inspección segura para establecimientos o situaciones en las que existan antecedentes de conflictividad, contemplando, cuando las circunstancias lo aconsejen, mecanismos de coordinación y acompañamiento por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Para Francisco Cerezuela, el objetivo debe ser claro: “Ningún profesional sanitario debería tener que afrontar solo una situación de amenaza por estar ejerciendo sus funciones de protección de la salud pública”.