Ecologistas en Acción y WWF han alertado de que el retraso en el proceso judicial del caso de envenenamiento de fauna más grave de los últimos años, por el que murieron tres águilas imperiales y dos milanos reales, puede conllevar que el caso quede archivado y los delitos impunes, ante una posible prescripción debido al retraso en la investigación.

En nota de prensa, sendas organizaciones han recordado que el 22 de febrero de 2022 se produjo la muerte en el municipio conquense de Villagordo del Marquesado de un águila imperial ibérica. Su localización inmediata, gracias al emisor GPS que llevaba, permitió descubrir con rapidez los cadáveres de otros dos ejemplares envenenados de esta misma especie y dos milanos reales, ambas catalogadas «en peligro de extinción».

Denuncian que tras más de dos años de los hechos, solamente ha declarado uno de los investigados, el pasado 23 de abril, quedando aún dos investigados por declarar.

De ahí que WWF y Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha, que están personadas en el caso, muestran su preocupación debido a que se está ralentizando demasiado la instrucción en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Número 2 de Tarancón (Cuenca).

«Esto puede conllevar que el caso quede archivado debido al retraso en la investigación y que, como consecuencia de ello, estos delitos queden impunes ante una posible prescripción», han cuestionado.

Desde esta organizaciones se muestran especialmente preocupadas por el «repunte» del uso del veneno en Castilla-La Mancha. «Cuenca es actualmente una de las cuatro provincias españolas con más posibilidades de crecimiento en la recuperación de la población nidificante de águila imperial ibérica, junto con Zamora, Palencia y Burgos. Sin embargo, episodios de envenenamiento como el ocurrido en Villalgordo del Marquesado ponen en serio peligro la recuperación de esta especie», alertan.

«Los crímenes contra la vida silvestre no son infracciones menores, pero las administraciones públicas siguen tratándolos como tales», ha asegurado Silvia Díaz Lora, Técnica del Programa de Especies de WWF España.

«Aunque se ha avanzado mucho en este campo en los últimos años, el alto grado de impunidad que sigue existiendo en nuestro país y el estado crítico de la biodiversidad a nivel global, nos demuestra que queda mucho por hacer», lamenta. «Es necesario y urgente que se incremente la persecución y enjuiciamiento de estos delitos, para que dejen de ser delitos invisibles», advierte.

Por su parte, Miguel Ángel Hernández, del área de naturaleza de Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha, ve «esencial» que los tribunales y las fiscalías actúen con diligencia y determinación «para esclarecer los gravísimos hechos denunciados en Villalgordo del Marquesado».

«Siendo un caso tan grave, sería aún más grave si los delitos cometidos quedaran impunes por un problema procedimental», ha asegurado.