El Gobierno alcanza un acuerdo con Extremadura para evitar recurrir al TC la Ley de Bienestar Animal

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha cerrado antes de finalizar el año 2023 un acuerdo con la Junta de Extremadura, con la que existían discrepancias competenciales, para evitar recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Bienestar Animal.

Además de con Extremadura, el Gobierno también ha alcanzado acuerdos con Andalucía, Aragón, País Vasco y Extremadura para evitar recurrir ante el Tribunal Constitucional varias normas sobre las que existían discrepancias competenciales.

En concreto, en el caso de País Vasco y Extremadura, el acuerdo ha llegado sobre la ley de bienestar animal, mientras que el acuerdo alcanzado con Andalucía tiene que ver con su ley de economía circular, y el de Aragón, está relacionado con la norma de contratación pública.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha destacado que «con cooperación y diálogo se está logrando reducir considerablemente la ligitiosidad». «Ese es el camino», ha celebrado Torres.

«Los datos están ahí, 194 acuerdos antes y, en menos tiempo, 268 acuerdos ahora. Se han conseguido 78 acuerdos más en cinco años del Gobierno de Pedro Sánchez que en seis años y medio de gobiernos anteriores», ha reivindicado.

ACUERDO CON EXTREMADURA

Así, en el acuerdo final con Extremadura en relación con la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, ambas administraciones consideran «solventadas las discrepancias» conforme a una serie de compromisos establecidos.

En concreto, se acuerda que la Administración General del Estado promoverá una disposición normativa que establezca la creación de un registro único a nivel estatal que «garantice la centralización de datos a efectos de información y publicidad, sin incluir competencias al efecto de carácter ejecutivo que alcancen, entre otras, las propuestas de inscripción y de autorización o de cancelación y revocación.

En este sentido, se establecerá con claridad que los registros referidos en dichos preceptos «serán de plena titularidad y gestión de las Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias ejecutivas», transmitiendo los citados registros una serie de datos mínimos al Sistema Central a efectos estadísticos y de interoperabilidad, señala.

En relación con el artículo 20.2, en las actuaciones que se reconocen a los Cuerpos de Policías autonómicas y locales se estará a lo dispuesto por la normativa reguladora de aplicación a éstos, mientras que sobre el artículo 32.4, se establecerá que el desarrollo reglamentario corresponderá a la Administración Pública competente en cada caso, ya sea a la Administración General del Estado o a la Comunidad Autónoma.

Las Comunidades Autónomas «podrán así establecer las especialidades correspondientes en su territorio dentro de los términos previstos con carácter básico», señala este acuerdo, en el que la Administración General del Estado se compromete a negociar con carácter previo con las Comunidades Autónomas y, a los efectos de este acuerdo, con la Junta de Extremadura, los términos de dicho desarrollo reglamentario.

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