El juicio contra una pareja acusada de tener en Llucmajor un gran criadero ilegal de tortugas y el responsable de una tienda de reptiles de Barcelona que actuaría como intermediario en compraventas sigue esta semana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

La Fiscalía sostiene acusaciones de delitos contra la fauna, contrabando y blanqueo de capitales y pide que la pareja, de origen alemán, sea condenada a cinco años y medio de prisión cada uno y el tercer acusado a una pena de dos años. También reclama que abonen indemnizaciones que superan los 200.000 euros.

Según el escrito de acusación, en 2018 la pareja tenía en su finca de Llucmajor un criadero de tortugas acuáticas, terrestres y de bosque, así como galápagos, muchas de ellas de especies protegidas y amenazadas.

En un registro en la finca por parte de agentes del Seprona de la Guardia Civil, se comprobó que los acusados tenían una importante logística destinada a la cría y reproducción de las tortugas. En este y otros registros, señala el escrito, se decomisaron más de 1.000 ejemplares.

La cuantía total de la valoración económica de las tortugas que tenían y de las crías que nacieron de los huevos decomisados asciende a medio millón de euros.

Las compras y ventas de los animales, según el Ministerio Fiscal, las llevaba a cabo el tercer acusado, propietario de una tienda de reptiles en Barcelona. Esta persona, apunta el escrito, facilitaba las compras y ventas a terceros de estas especies protegidas y, en algunas ocasiones, adquirió él mismo tortugas.

JUICIO EN LA AUDIENCIA

En las primeras sesiones del juicio, celebrado desde el pasado lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, el encargado de una empresa de transportes señaló que los acusados recibían «de vez en cuando» palets con ratones congelados, situación que les resultaba «chocante».

Estos animales, según dijo, suponía que eran para dar de comer a animales, porque había escuchado, aunque no lo sabía con certeza, que se dedicaban a esta actividad.

También en una de las sesiones, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil recordaron muy nervioso al principal acusado cuando se hizo un registro en junio de 2018. «O no entendía o no quería entender», señaló uno de los agentes en referencia al acusado.

Otro agente insistió en que el acusado mostraba una «actitud de disgusto» y que se quejaba de que la persona que estaba asistiendo como intérprete no estaba realizando correctamente su función. «No estaba ni cómodo ni colaborador», añadió, aunque sí que reconoció que este comportamiento cambió al ver la magnitud de los hechos y el gran número de ejemplares.

«Con el paso de las horas entendió que o colaboraba o aquello se iba a alargar mucho en el tiempo. Se le tuvo que explicar que no correspondía un comportamiento que no fuera el correcto», ha explicó.

El juicio sigue a lo largo de la semana y la declaración de los acusados será la última jornada. Para el lunes se espera la declaración de un representante de la Fundación Natura Parc, entidad depositaria del cuidado de la mayoría de especies que fueron decomisadas en Mallorca, así como de un inspector de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), el acuerdo que regula el comercio de animales y plantas.

En la sesión del viernes declaró un alto cargo del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que explicó que entre el 2028 y el 2024 su departamento ha abonado más de 400.000 euros por el mantenimiento de los animales que fueron incautados, cantidades que se reclaman a los encausados.