El Juzgado de Instrucción número 3 de Santander ha admitido a trámite la querella criminal que presentó a comienzos de octubre el Partido Animalista PACMA contra la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, y contra el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, por las extracciones para el control poblacional de lobo que se ejecutan en la comunidad.

En un auto dado a conocer por PACMA, el Juzgado acuerda incoar diligencias previas y cita el 12 de noviembre a declarar como investigados a Susinos y Serdio, a quienes el Partido Animalista acusa de presuntos delitos de falsedad documental y maltrato animal con agravante de muerte.

Asimismo, el auto judicial -contra el que cabe recurso de reforma o de apelación- requiere al Gobierno de Cantabria que remita el expediente administrativo completo relativo a la resolución del 2 de abril de 2025, mediante la cual se estableció el cupo de extracción de lobos, así como un informe de cada uno de los documentos técnicos que consten en dicho expediente.

PACMA ha celebrado esta resolución ya que destaca que es la primera vez que un tribunal abre diligencias penales por estos controles de lobos en España, de modo que Susinos y Serdio serán «los primeros responsables políticos que deberán rendir cuentas penalmente» por el cupo de caza del lobo ibérico aprobado por el Gobierno regional.

Para el Partido Animalista, el auto representa un «avance sin precedentes» en la defensa de la especie, ya que hasta ahora las resoluciones judiciales sobre este asunto se habían limitado al ámbito contencioso-administrativo.

La formación acusa a los querellados de haber autorizado la muerte de ejemplares de lobo «pese a conocer que su estado de conservación es desfavorable/inadecuado» según «informes oficiales remitidos por España a la Comisión Europea», lo que a su juicio «podría convertir en ilegal cualquier autorización de caza o extracción».

El partido denuncia además presunta falsificación y manipulación de informes técnicos para justificar dichas batidas.

Por otro lado, subraya la «gravedad» de que los tribunales del orden contencioso-administrativo estén denegando medidas cautelares basándose en informes elaborados por la propia administración denunciada, «sin que exista un control judicial efectivo sobre su legalidad o veracidad». Esta práctica, advierten, «consolida decisiones administrativas potencialmente delictivas y deja indefenso al patrimonio natural y a las especies protegidas».

Así, desde PACMA esperan que la reciente resolución establezca jurisprudencia para el resto de comunidades autónomas que han autorizado batidas «alegando motivos económicos y relativos a los intereses de la ganadería y la caza».