El PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha exigido este viernes a la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, que abandone su actitud de «connivencia» con la empresa adjudicataria de El Vivero y aplique el régimen sancionador previsto en el contrato ante «los graves incumplimientos detectados», y en concreto «sanciones inmediatas» ante la «reiterada falta de bienestar animal» en este centro.

El concejal del PSOE Jacobo Calvo ha incidido en que «nuevos acontecimientos evidencian una clara reincidencia en la mala gestión de un centro, que ya fue cerrado en marzo de 2025 por procedimientos que ponían en «serio riesgo» la salud de los animales, «importantes irregularidades que se han vuelto a registrar, mientras que el gobierno de Carazo parece que mira hacia otro lado».

En este contexto, el edil ha criticado duramente la «falta de transparencia» del equipo de gobierno, que está respondiendo «a cuentagotas» a las preguntas formuladas por el PSOE en el pleno de enero para esclarecer qué actuaciones se están llevando a cabo en este centro de bienestar animal.

En este contexto se ha preguntado «qué esconde el PP y por qué existe esta connivencia con la empresa para que no se tomen medidas inmediatas que pongan punto final a una situación injustificable». En este sentido, ha exigido al equipo de gobierno «una actuación urgente y que realmente aplique todo lo que tiene en su mano para garantizar el buen trato de los animales».

Por su parte, la concejala socialista Eva Fernández ha detallado los aspectos técnicos y legales del pliego de condiciones con el que la empresa opera, subrayando que el contrato estipula penalidades claras para infracciones, por lo que ha incidido en no se entiende que el gobierno municipal «no haya actuado todavía contra la adjudicataria todavía».

Así, ha resaltado que existen informes propios del Ayuntamiento en los que se reconoce que «no se garantizan las condiciones mínimas higiénico-sanitarias ni de bienestar animal», debido a deficiencias en las instalaciones y un «manejo inadecuado» de los animales, «informes que parecen no ser suficientes para iniciar las sanciones».

«El cierre provisional del centro implica que se deja de ejecutar el contrato, lo cual es una infracción muy grave. Sin embargo, el equipo de gobierno hace una dejación total de funciones al no incoar el expediente sancionador correspondiente», ha explicado la edil, quien ha lamentado que, mientras se trasladan los hechos a la Junta de Andalucía, «el Ayuntamiento renuncia a su obligación de sancionar», lo que supone que «a esta empresa el incumplimiento le va a salir gratis. Se presenta a un concurso, no cumple, pone en peligro la salud animal y no hay consecuencias económicas».

Para concluir, ha cuestionando por qué, a diferencia de otros expedientes sancionadores habituales en el Ayuntamiento, en este caso concreto se protege a la adjudicataria y ha puntualizado que «están esperando no sabemos a qué, cuando tienen informes claros sobre el peligro para los animales y el incumplimiento del pliego que ellos mismos firmaron».