Varios centenares de personas del sector veterinario, y de familias con animales de compañía, se han manifestado este domingo en Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma y Teguise, para pedir la derogación del Real Decreto 666/2023, la conocida como Ley del Medicamento veterinario, que «limita gravemente las competencias de los veterinarios y pone en riesgo la salud de los animales y, por lo tanto, la salud pública», según ha informado el Colegio provincial en una nota.

En el manifiesto leído en la capital tinerfeña se ha dejado patente el clamor del sector por defender «la salud de los animales, la salud pública y el reconocimiento de la profesión veterinaria» ya que, según exponen, el sistema PRESVET «ha impuesto a todos cuantos ejercemos la medicina veterinaria una normativa injusta, desproporcionada, burocrática y ajena a la realidad».

«Nuestro criterio clínico no se criminaliza», se podía leer en algunas de las pancartas que se lucían en la manifestación celebrada en La Palma.

«Es una normativa que pone en grave riesgo la salud pública, impidiendo la adecuada atención veterinaria de la salud animal, favoreciendo la aparición de resistencias y poniendo en peligro la continuidad de nuestra profesión», han expresado desde el colectivo.

Advierten que, a diferencia de lo que ocurre en España, en otros países europeos, los veterinarios «pueden ejercer con libertad», ajustando tratamientos a cada paciente, suministrando los medicamentos necesarios, con decisiones «basadas en evidencia científica y criterio clínico».

Por ello, han exigido este domingo «la derogación inmediata» del RD 666/2023 y del sistema PRESVET, y han solicitado, por ende, poder suministrar los medicamentos en las clínicas a los animales que están bajo su cuidado hasta que se complete su tratamiento, además de «flexibilidad real en la prescripción», basada en la evidencia científica y el criterio clínico.

«Hoy, más que nunca, pedimos el apoyo de la ciudadanía. Esta lucha también es vuestra, porque la salud de los animales está en juego, porque un veterinario sin libertad no puede proteger y cuidar a su paciente, porque la salud de todos empieza por la salud de los animales», han reclamado.

PETICIONES CONCRETAS

La presidenta del Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, María Luisa Fernández Miguel, ha subrayado que la normativa «impide ejercer nuestra labor con rigor científico, afecta a nuestra profesión, a los animales que tratamos y a las familias que conviven con ellos».

Ha explicado, en concreto, que el decreto impone «severas restricciones» a la prescripción de medicamentos, incluso «cuando hay evidencia científica de su eficacia». Un ejemplo, según exponen, es el de la filariosis canina, enfermedad prevalente en Canarias, cuyo tratamiento requiere el uso del antibiótico doxiciclina, aunque esté no está autorizado oficialmente para este fin.

«La ficha técnica de la doxiciclina no contempla su uso contra la filaria, lo que nos impide administrarla, a pesar de que la ciencia nos dice que es esencial», ha afirmado.

La presidenta del colegio ha denunciado, también, «la rigidez» del protocolo de prescripción de antibióticos adoptado como obligatorio en España, a diferencia de otros países «donde solo se recomienda». Esta situación afecta, según el colectivo, a los programas de control de colonias felinas, donde ya no es viable usar antibióticos de liberación prolongada sin cultivos previos.

«¿Cómo vamos a hacer un cultivo a un gato callejero que capturamos una vez para esterilizar y soltar? ¿Cómo vamos a evitar que la herida se infecte en la calle?», se ha cuestionado.

También ha señalado los «obstáculos absurdos» para tratamientos comunes, como «la imposibilidad» de usar colirios humanos fácilmente disponibles o «la obligación» de importar medicamentos veterinarios desde otros países europeos cuando existen equivalentes humanos en farmacias locales.

DESABASTECIMIENTO EN FARMACIAS

Los veterinarios han visibilizado además el «desabastecimiento frecuente» en farmacias, que dificulta la obtención de los tratamientos prescritos. Ante esta situación, advierten: Mientras en Europa los veterinarios pueden dispensar directamente en la clínica, en España no es posible.

A ello se suma los obstáculos que les genera el sistema PRESVET. Desde el 1 de enero, todos los tratamientos antibióticos deben ser notificados a través del mismo, lo que supone «una carga administrativa» que puede conllevar multas de hasta 60.000 euros.

«Cada tratamiento puede convertirse en una multa. No sabemos si actuar según la ciencia o no tratar a los animales para no arriesgarnos», ha expuesto Fernández Miguel.

De este modo, desde el Colegio de Veterinarios de Canarias han un llamado a toda la sociedad para que apoye estas reivindicaciones, ya que las consecuencias del Real Decreto afectan «no solo a los profesionales, sino también al bienestar de los animales de compañía y a la salud pública».

«Hemos intentado por todos los medios dialogar con el Ministerio desde enero. No nos escuchan. Ahora necesitamos que la sociedad nos acompañe para que nuestras voces lleguen al Ministerio», ha concluido la presidenta del colegio provincial.