El Sindicato Veterinario de Castilla y León ha exigido a la Junta un trato «igualitario» en la vacunación frente a la COVID-19 para todos los profesionales de salud pública, al considerar que se les «desprecia» por condicionar su vacunación al grupo de edad o condición de riesgo «en lugar de por su importante labor preventiva» y de forma desigual en función de las diferentes provincias.

La organización ha remitido un escrito a la directora general de Salud Pública de Castilla y León, María del Carmen Pacheco Martínez, como máxima responsable de la gestión de la vacunación frente al COVID-19 en la que la exige que proceda a la vacunación de todos los efectivos veterinarios de Salud Pública, así como al resto de sanitarios no asistenciales.

Así, pide no olvidar los principios «éticos y de solidaridad» que deben presidir cualquier estrategia de vacunación, incluida la última actualización, y por ello recuerdan que los servicios veterinarios oficiales, adscritos fundamentalmente a tres consejerías de la Junta de Castilla y León, «son profesionales de la Salud Pública, con amplias funciones en la preservación, protección y promoción de la salud de la población».

El sindicato asegura que no comprende el motivo de la «discriminación» que se lleva a cabo entre estos profesionales de Salud Pública, aunque entiende que el orden de vacunación viene determinado en función de la disponibilidad de la vacuna y tiene que ir dirigida a la población diana más vulnerable y con mayor riesgo de exposición y trasmisión a otros congéneres, «siempre con criterios éticos y de evidencia científica».

Sin embargo, ha asegurado que ven con «indignación» cómo los diferentes criterios de interpretación, tanto de la estrategia nacional de vacunación como de las instrucciones que se están emitiendo desde esa Dirección General están siendo «malinterpretadas, o al menos descoordinadamente ejecutadas entre los diferentes servicios, gerencias y provincias».

DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS

En este contexto, ha apuntado en algunas provincias los servicios oficiales de Salud Pública han sido vacunados en el Grupo 2 como profesionales sanitarios de «primera línea» (administrándoles vacunas ARNm y siendo vacunados independientemente de su edad), mientras que en otras continúan sin vacunar.

En otras provincias se les ha incluido en el grupo 3B (Personal de los servicios de salud pública implicado en la gestión y respuesta a la pandemia) y ya han sido o están siendo vacunados incluyendo únicamente a los menores de 55 años, a los que se les administra la vacuna AstraZeneca, y se posterga la vacunación de los mayores de esa edad a «cuando les corresponda por grupo de edad y/o condición de riesgo», mientras que en otras provincias se ha procedido a vacunar a todo el Servicio Territorial, sanitarios y no sanitarios y de todas las edades.

«Es decir, en cada provincia están haciendo una interpretación diferente de la estrategia de vacunación», ha asegurado el Sindicato Veterinario, que ha agregado que a los sanitarios de la Consejería de Agricultura ni siquiera se les ha vacunado en ninguno de los casos, con la meritoria excepción del Laboratorio Regional de Sanidad Animal que acaban de recibir la primera dosis con vacunas de ARNm.

La organización considera que «carece de sentido y buen criterio» excluir de la vacunación en esta fase a los sanitarios de más de 55 años y discriminar precisamente a estos sanitarios que son los más vulnerables por su edad y realizan «en primera línea» funciones de control oficial en todo tipo de establecimientos, incluidos mataderos, colegios, residencias, etcétera, «con un riesgo de exposición igual o superior que los profesionales de las secciones de Epidemiología», a quienes ha afirmado que, «con el pretexto de ser centros de vacunación internacional, se les está vacunando con vacunas ARNm a todas las edades».

Así, entienden que todos los profesionales de la Salud Pública que desarrollan sus funciones en la Junta de Castilla y León deben incluirse en el Grupo 2, como personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario del último documento de actualización de la vacuna, «de la misma forma que se ha realizado con el personal de epidemiología».

Además, han incidido en que en pleno confinamiento, estos profesionales, especialmente en mataderos, estuvieron trabajando en todo momento por ser considerados sanitarios esenciales.

«Por lo que carece de sentido, en el momento de la vacunación, tratarlos como personal de gestión», ha añadido el sindicato, que ha exigido a la directora general que realice «con urgencia» las gestiones convenientes para que todos los profesionales de salud pública «sin excepción» reciban la vacuna de ARNm (Comirnaty o Moderna) o de AstraZeneca, según corresponda.