• SIVEPA afirma que una plena integración con la parte asistencial dentro del Sistema Nacional de Salud permitiría aprovechar mucho más eficazmente los recursos de Salud Pública y obtener mayor rendimiento a las nuevas inversiones.

Estos días se habla de una profunda reforma de la administración asturiana, sobre todo en lo que afecta a la Dirección General de Salud Pública. El Ejecutivo sostiene que esta reforma se realiza para fortalecer la administración y la sanidad, sobre todo cara a futuras pandemias.

La Salud Pública es la Cenicienta, la hermana pobre de la sanidad. Su maldición es que cuando funciona bien “no pasa nada”, “no se ve nada”. Sólo es visible cuando fracasa, como en la actualidad con el COVID 19. Por ello, de forma sistemática se ha mantenido aislada del resto del Sistema Nacional de Salud, y eso pese a que las leyes de sanidad estatales prevén que esté plenamente integrada dentro del mismo, por ejemplo, en Asturias debería estar hace tiempo dentro de la estructura del SESPA. Mantenerla separada ha permitido fragmentarla y dejarla apartada de los presupuestos del Sistema de Salud, y así invertir en ella poco o nada, probablemente en gran parte porque la inversión invisible no es rentable electoralmente. La hemos ido poco a poco dividiendo, matando de inanición y aislándola de la parte asistencial. Esto es un gravísimo error que nos ha estallado en las narices con el SARS CoV-2 y que SIVEPA ya venía advirtiendo a los poderes públicos y sociales reiteradamente los últimos años. Durante esta crisis se ha visto con gran crudeza cómo la Salud Pública era una estructura gravemente debilitada y se han manifestado las disfunciones generadas por su falta de integración con la parte asistencial.

En comunidades como Extremadura, en que los veterinarios de Salud Pública pertenecen a su Sistema de Salud, el SES, y están integrados en las estructuras de Atención Primaria de la comunidad, fueron aprovechados plenamente desde el primer día, estableciendo fuertes medidas de bioseguridad en los sensibles geriátricos y residencias de mayores antes que nadie, asesorando y controlando medidas sanitarias en supermercados y negocios similares, que tan abandonados se sentían en los primeros momentos de confinamiento, e incluso haciendo labores de epidemiovigilancia, entre otras muchas cosas. Sin embargo, en comunidades como el Principado de Asturias o Castilla y León, en que los médicos veterinarios no están integrados en sus sistemas de salud, ocurrieron graves disfunciones en su utilización, incluso mandándolos a casa cuando más falta le hacían a la sociedad.

Esto no es para nada irrelevante, ya que los médicos veterinarios son los sanitarios más numerosos de la Dirección General de Salud Pública, son los que luchan a pie de calle por la seguridad ambiental y alimentaria, sobre todo contra las zoonosis. Inspeccionan, entre otras actividades, negocios y empresas, detectando, denunciando y corrigiendo debilidades sanitarias y velando por la salud de la población. Pero además, para mayor descoordinación y confusión, otro nutrido grupo de veterinarios con funciones de Salud Pública cuelga orgánicamente de consejerías diferentes a la de Salud. Son los que luchan contra las zoonosis en el animal vivo, en el medio ambiente y en la producción de alimentos. Así, esta división e infrautilización de la Veterinaria de Salud Pública (Art. 8.2 Ley 14/86 General de Sanidad) es muy perjudicial para el funcionamiento adecuado del Sistema Sanitario por las disfunciones y conflictos de intereses que genera.

Es por eso por lo que creemos que esta reforma es una gran oportunidad para corregir estas graves carencias de la Salud Pública, y los médicos veterinarios deben participar en ella, ya que son el sanitario que más peso tiene en la actual estructura de Salud Pública. Nuestra participación facilitará que se pueda hacer más y mejor con los mismos recursos o que, si se aumentan los recursos como se debiera, esta inversión se rentabilice mucho más. Somos los que sabemos por dónde falla el sistema ya que formamos parte fundamental de él.