• SIVEPA solicitó al Principado que refuerce el Cuerpo de Veterinarios de Salud Pública para clasificar los establecimientos hosteleros y comerciales en función del riesgo y aplicar medidas proporcionales en lugar de cerrar todos los establecimientos cada vez que suben los contagios.

El Sindicato Veterinario Profesional de Asturias considera tremendamente injusto, y nefasto para la economía, suponer que todos los establecimientos de un mismo sector tienen el mismo riesgo sanitario frente a COVID-19. Cerrar toda la hostelería y los comercios de más de 300 metros cuadrados cuando los contagios se disparan, obedece a una falta de previsión de las autoridades sanitarias, y a una falta de refuerzo y organización de sus Inspectores Veterinarios de Salud Pública al no haber tenido en cuenta su opinión desde un principio.

Recuerdan que la transmisión ambiental de un agente zoonósico como el SARS CoV-2 y la sanidad de los establecimientos alimentarios como los de hostelería, son competencias de la Medicina Veterinaria en su rama de Salud Pública (Art. 8.2, Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad) y que, pese a llevarlo pidiendo desde antes del primer confinamiento, no se ha reforzado y organizado de forma decidida a estos facultativos para aplicar medidas sanitarias eficaces frente a la COVID-19 en la hostelería y el comercio.

Ya el 6 de marzo los veterinarios solicitaron ser enviados de urgencia a la hostelería para implementar medidas de protección de la salud frente al coronavirus, en aquel momento el Principado los trató casi de alarmistas, para después cerrar todo el sector por riesgo de contagios 7 días más tarde. En mayo, y a lo largo de todo junio y julio, advirtieron a la Administración que, si no los enviaba a la calle a detectar los verdaderos puntos de contagio y a tomar medidas, se corría el riesgo de un segundo cierre de sectores o incluso otro confinamiento, como efectivamente ocurrió en noviembre librando del confinamiento por imperativo estatal.

Si se hubiera escuchado a los veterinarios entonces, se hubieran evitado muchos contagios y ya se hubieran conseguido clasificar los establecimientos de la hostelería y el comercio en función de su riesgo real de transmisión de la COVID-19. De esta manera, llegado el caso de que los contagios se dispararan, tal y como llegó, no habría habido necesariamente que cerrar los sectores completos aplicando tabla rasa, sino que se podrían haber aplicado medidas correctivas apropiadas y proporcionales a cada establecimiento, y cerrar sólo los que presentaran mayor riesgo de contagio.

Una vez más, este viernes 18 de diciembre, SIVEPA ha registrado otra petición para organizar y reforzar el Cuerpo de Facultativos Veterinarios de Salud Pública con el fin de reducir en la hostelería y el comercio el impacto de la inminente tercera ola, y de mitigar el daño de la más que probable cuarta ola. En su escrito piden que se unifique a todos los veterinarios de la Administración bajo la autoridad de la Dirección General de Salud Pública, que se establezca un sistema de guardias y horas extraordinarias, y que se refuerce el personal, como mínimo a niveles de las comunidades de nuestro entorno que menos veterinarios tienen, ya que incluso éstas nos duplican en efectivos en relación a la población.

El objetivo prioritario de estos cambios sería visitar urgentemente toda la hostelería y el comercio, y realizar una clasificación profesional sanitaria in situ del riesgo de transmisión de la COVID-19. Este diagnóstico de riesgo se haría en función de parámetros como el diseño, la estructura y ventilación de los establecimientos, el número de usuarios del servicio, y el nivel de observación y aplicación de correctas medidas preventivas por parte de trabajadores y clientes. Con esto se conseguirían multitud de beneficios del que, el primero y más importante, sería tener clasificados y agrupados los establecimientos en función de su potencial riesgo de contagio frente al coronavirus, con lo que se podrían aplicar diferentes medidas en función de ese riesgo según la situación epidemiológica. Así, su actividad económica no se vería paralizada al 100% ante un aumento de los contagios sino que, en el caso necesario de tener aplicar cierres o medidas más duras, esto se podría hacer gradualmente en función del riesgo de cada establecimiento. En segundo lugar, se potenciaría positivamente a los empresarios que se han esforzado en hacer más seguros sus negocios, y no como hasta ahora que se penaliza negativamente al que se ha esforzado más, ya que se le cierra igual al que ha invertido mucho dinero tiene gran cuidado que al que no tiene ninguno. Esto sólo favorece que cada vez se respeten menos las medidas de prevención. Y en tercer lugar, evitaríamos que los consumidores relacionen directamente un sector económico con el riesgo de contagio en lugar de relacionar las malas prácticas con ese riesgo de contagio, que sería lo deseable. Cerrar todo un sector cada vez que suben los contagios traslada al ciudadano un mensaje pernicioso y viciado de que todos los establecimientos de ese sector son iguales y además muy peligrosos. Por otra parte, como medida colateral, se conseguiría que las ayudas pudieran ser dirigidas hacia establecimientos concretos y no de forma general para un sector, lo que ahorraría dinero público y permitiría probablemente que esas ayudas fueran mayores para quien tuviera derecho a percibirlas.

Desde un principio se ha luchado contra la pandemia centrándose en los hospitales y en aislar positivos y contactos, y sabemos desde hace muchos años que esto tiene una eficacia muy limitada si no se apoya con medidas preventivas profesionales en la calle.

Publicar medidas sanitarias en el BOPA y esperar que los establecimientos de todos los sectores las apliquen a rajatabla y con eficacia sin la ayuda y el control de los facultativos de Salud Pública, es una actitud de la Administración tan “inocente” que roza la negligencia, ya que, poniendo una analogía fácil de entender por todos, es muy similar a pensar que con publicar las normas de tráfico bastaría para evitar accidentes en las carreteras y podríamos ahorrarnos, por ejemplo, los controles de alcoholemia, de drogas, de velocidad y la presencia de los agentes de tráfico. ¿Les parecería una medida eficaz y justa prohibirnos a todos utilizar las carreteras cuando se elevaran los siniestros sin tener en cuenta quien respeta o no las normas, o quién sabe o no conducir?