• SIVEPA denuncia que el Ayuntamiento y la Consejería son culpable y cómplice respectivamente de atentar contra la salud pública y la autoridad sanitaria, así como del colapso de expedición de guías y el secuestro de ganado y ganaderos

El Sindicato Veterinario Profesional de Asturias se encuentra indignado, sorprendido y entristecido, ante la nota de prensa de opinión del alcalde de Llanera publicada por La Nueva España el pasado día 20 de mayo (https://www.lne.es/opinion/2021/05/20/feria-san-isidro-vuelto-llanera-52035430.html), en la en que afirma que “si algo saltó a la vista este domingo fue el reparto de las guías”  y que son conscientes de “lo inútil que resulta mirar atrás para buscar culpables”. Este sindicato sanitario considera estas declaraciones una acusación velada que pone en entredicho la profesionalidad de los facultativos veterinarios y quiere contestar de forma clara y contundente mediante este comunicado.

A estas alturas de la lección de sanidad que venimos sufriendo desde que se iniciara la pandemia, deberíamos ya haber aprendido unas cuantas lecciones sobre sanidad, y un cargo electo con la responsabilidad que se le supone a un alcalde debería tener claro que el objetivo prioritario e innegociable de los facultativos veterinarios que trabajan para la Dirección General de Ganadería es la defensa de la salud pública, tal y como viene amparado nada menos que por el artículo 8.2 de la norma básica de todas las normas de salud, la Ley General de Sanidad.

Así, la función de este cuerpo sanitario no es hacer una feria vistosa sino velar por toda la salud pública que rodea una concentración de animales y personas de este tipo. Este control de sanidad abarca desde el acto médico veterinario de comprobar el estado de salud de los animales mediante inspección clínica de los mismos a su entrada en el recinto ferial, hasta el control de la documentación sanitaria que los acompaña de forma que se garantice que, además de no tener síntomas de enfermedad, tampoco sufren otras infecciones ocultas de riesgo que se pudieran contagiar a las personas o a otros animales.

Sin embargo, lamentablemente en esta ocasión, estos dedicados sanitarios han tenido que sufrir unas condiciones totalmente abusivas e inadecuadas para la correcta realización de su trabajo debido a las injerencias del Ayuntamiento de Llanera y a la complicidad de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias.

El objetivo del Ayuntamiento fue, desde un primer momento, hacer más vistosa la feria, con lo que, como decimos, con la complicidad de la Consejería y en contra de la opinión de los inspectores veterinarios, decidieron no permitir a los facultativos emitir guías pecuarias de salida el sábado. Esto produjo un secuestro de animales y ganaderos que impidió que el ganado que ya se había vendido saliera hacia su destino, todo ello con el objeto de conseguir una mayor y más vistosa concentración de animales.

Desde el punto de vista de la salud pública esto es una temeridad, ya que aumenta la concentración de personas y animales de un modo caprichoso en un recinto, con lo que también aumenta la probabilidad de contagio de enfermedades entre los animales y entre animales y personas; amén de otros riesgos aún por conocer en relación con la interacción de la COVID-19 en este tipo de ambientes.

Por otra parte, este empeño de no dar guías el sábado hizo que el domingo se concentrara una gran demanda de este servicio veterinario que, unido a la falta de apoyo administrativo por parte del Ayuntamiento a los facultativos, y a lo precario de las instalaciones cedidas por el consistorio, llevaron a un colapso de la emisión de documentación sanitaria. Este colapso causó a su vez otros problemas de salud pública, ya que los sanitarios no pudieron inspeccionar los animales el domingo en busca de signos de enfermedades de riesgo ni pudieron controlar que se respetara el bienestar animal en la carga para el transporte.

Los ganaderos se vieron perjudicados por la ocurrencia municipal de no dar guías el sábado y, en otro ataque gratuito a la autoridad y funciones de los facultativos, la organización, sin permiso de los servicios veterinarios, comunicó a esos ganaderos “que podían irse a casa y que ya les enviarían la documentación por correo”. Esto es algo específica y estrictamente prohibido por la normativa por ser un importante riesgo para la salud pública afectando cuestiones muy importantes de sanidad y bienestar animal.

A todo esto, y como asunto no menos importante, hay que denunciar que, en ningún momento se tuvieron en cuenta los derechos, necesidades y bienestar laborales de los facultativos veterinarios. Estos sanitarios tuvieron que estar 12 horas ininterrumpidas en su puesto, llegando al extremo de tener que tomar un pincho y un botellín de agua sin levantarse siquiera de su silla ni parar de trabajar un sólo minuto.

Así, como moraleja de este cuento debemos plantearnos, una vez más, que ciertas autoridades que tienen como objetivo principal hacer vistosa una feria y quedar bien ante la galería, quizá no debieran ser las mismas de las que depende el sanitario encargado de velar por la salud pública en cuanto al control de las zoonosis y la seguridad alimentaria se refiere, ya que, en no pocas ocasiones, pueden surgir conflictos de intereses y objetivos entre la función de defensa de la salud pública del facultativo veterinario y las prioridades de la Consejería de Medio Rural a la que una parte importante de la plantilla pertenece.