El Sindicato Veterinario Profesional de Asturias denuncia malversación de recursos sanitarios, colapso burocrático y daño al débil tejido laboral de las zonas rurales.

  • Sanitarios empleados como técnicos de mantenimiento de vehículos, talleres rurales que no cobran y coches sin reparar, son las consecuencias de una pésima gestión del parque móvil en la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias.

 

Si hace una semana era noticia que los facultativos veterinarios y farmacéuticos encargados de la vigilancia, inspección y asesoramiento de Salud Pública a pie de calle no podían trabajar porque una disfunción burocrática los había dejado sin coches, situación en la que, por cierto, siguen, ahora la noticia es que sus compañeros, los médicos veterinarios dependientes de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, están sufriendo retrasos y disfunciones en sus actuaciones sanitarias debido a que, inconcebiblemente, se les están asignando labores de mantenimiento de vehículos oficiales.

Las funciones de los veterinarios de Medio Rural, al igual que las de sus compañeros de la Consejería de Salud, son funciones de Veterinaria de Salud Pública definidas en el artículo 8.2 de la Ley 14/86, General de Sanidad. Estos facultativos adscritos a Medio Rural se encargan, entre otras cuestiones, de controlar las zoonosis sobre los animales vivos, la seguridad de los alimentos a nivel de producción primaria o las temidas resistencias microbianas, todo ello para proteger la salud de las personas. Unas importantes y altamente demandadas labores sanitarias, y más en tiempos de pandemia y con la gripe aviar y otras zoonosis como el virus Crimea Congo o la fiebre Q amenazando a la vuelta de la esquina. Y más demandadas aún si tenemos en cuenta que Asturias cuenta con una plantilla de titulados muy inferior a la media Estatal por censo de explotaciones y habitantes.

Para hacernos una imagen un poco más completa hay que señalar que el parque de vehículos de Medio Rural es extenso, disperso y obsoleto, y precisa de reparaciones constantes con continuas dificultades para superar la ITV y, dentro de esta situación general, los vehículos asignados a los veterinarios además han sido motivo constante de quejas por ser los que se encuentran en peor estado. En este caldo de cultivo, este año la Administración asturiana ha cambiado su criterio y exige tres presupuestos de distintos talleres para poder realizar cualquier reparación en un vehículo oficial por pequeño que sea el importe. Y para más disfunción, caos y malversación de recursos sanitarios, los facultativos veterinarios han denunciado a este sindicato que se les han dado instrucciones de que empleen parte de su jornada laboral en cuestiones de mantenimiento como acudir con el coche a dichos talleres para pedir tales presupuestos o incluso llevar el vehículo a la ITV. Esto sería el equivalente en Salud Pública a que en la sanidad asistencial se le pidiera a un médico de la UCI del HUCA que llevara a revisión técnica un equipo de anestesia en lugar de atender a sus pacientes; lo cual es fácil de juzgar como un mal empleo de recursos sanitarios públicos.

Pero aquí no acaba la cosa, resulta que estos cambios impuestos en la gestión de presupuestos y facturas también trae de cabeza a los talleres de la zona rural de Asturias ya que, hasta hace muy poco, los coches se reparaban sin problemas en los pequeños negocios de los pueblos donde prestan servicio; es decir, en talleres pequeños que mantienen aún parte del debilitado y cada vez menor tejido laboral del medio rural. Sin embargo ahora, se exigen tres presupuestos distintos para reparaciones de cuantías muchas veces irrisorias, las ofertas deben presentarse de forma electrónica, su aprobación o denegación se demora varias semanas y, si la titularidad del taller es una comunidad de bienes u otra forma societaria, comienza un calvario digital que está desembocando no pocas veces en el impago de los trabajos realizados por parte de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, y finalmente en la negativa de estos talleres de acometer los trabajos de mantenimiento.

Y es que, a las habituales dificultades de acceso a la banda ancha de estas zonas, se suma ahora la necesidad de desarrollar no poco importantes destrezas digitales en negocios muy pequeños, con personal de una media de edad normalmente avanzada y aquejado de una importante brecha digital, y todo ello para cobrar un cambio de aceite, unas escobillas o el cambio de una batería. Además, todo esto se suma al desbarajuste interno de esa consejería a la hora de proceder en este tipo de situaciones, ya que cada uno de los servicios que la componen buscan soluciones distintas, lo que abunda en el desconcierto y el descontento de los talleres y funcionarios implicados.

El resultado final es que los talleres rurales pierden trabajo o incluso no cobran los trabajos realizados, el parque móvil no está mantenido y un recurso sanitario esencial en Salud Pública, como es la vigilancia y control sanitario preventivo que realizan facultativos veterinarios adscritos a Medio Rural, está debilitado por la falta de vehículos operativos y por la asignación de tareas impropias para su formación y cometido.