• La vigilancia sanitaria y asesoramiento facultativo en cuestiones críticas como las medidas COVID-19 en hostelería, geriátricos, colegios, playas o peluquerías y centros de tatuaje, y toda la seguridad alimentaria, están prácticamente paralizadas por una disfunción burocrática.

SIVEPA se ha reunido con los responsables de sanidad del PSOE, PODEMOS, CIUDADANOS y VOX, y tiene previsto hacerlo esta semana con PP, IU Y FORO para denunciar que, ante la sorpresa de estos sanitarios del Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental de la Consejería de Salud del Principado de Asturias y al parecer, a consecuencia de una disfunción burocrática entre la Dirección General de Función Pública y la Consejería de Salud, el pasado día 20 de mayo cerca del 60% de los coches oficiales fueron retirados del servicio por haber finalizado el contrato de “leasing” o arrendamiento que les correspondía, sin siquiera haberse resuelto el concurso público para la adjudicación del siguiente contrato.

Como consecuencia, un total de 67 facultativos cuyo trabajo requiere de vehículo oficial, incluidos 7 veterinarios contratados últimamente para reforzar el control de medidas COVID-19, dispondrán únicamente de 12 coches durante un periodo previsto de casi medio año. Cuestiones urgentes como las alertas alimentarias, la atención de mataderos, o la toma de muestras, ya acaparan la mayor parte de esta raquítica flota, bloqueando el resto de controles. Así, en la práctica, esto los sitúa en un punto muerto en unos momentos absolutamente críticos para el control de la transmisión de la COVID-19 a nivel de calle, además de impedirles realizar otros importantísimos controles y asesoramientos sanitarios que les competen.

Algunos de los ejemplos más significativos de la importancia para la protección de la salud pública de las labores que realizanson, en el caso de los médicos veterinarios, todas las medidas de control frente a la transmisión de la COVID-19 en la hostelería, supermercados, colegios o residencias geriátricas, entre otros lugares críticos. Todo el control de la seguridad alimentaria en todo tipo de negocios, desde mataderos hasta fabricantes de envases alimentarios, pasando por hostelería, fábricas de conservas, comedores sociales, lonjas, etc., las tomas de muestras oficiales de alimentos y las actuaciones urgentes ante alertas alimentarias. En el caso de los farmacéuticos, por poner algunos ejemplos significativos, señalaremos que se encargan de todo el control de las medidas COVID-19 en centros de tatuaje y bronceado, peluquerías o playas, de la sanidad del agua de consumo de toda Asturias, del control de legionelosis en todo tipo de establecimientos críticos, desde residencias de ancianos a hospitales, de todo el control de biocidas y del control sanitario de playas y campings cara al verano, etc.

En Asturias además llueve sobre mojado. En un país en que la Salud Pública es la hermana pobre del Sistema Sanitario y a la que le faltan veterinarios en toda España, la plantilla de estos facultativos en la Consejería de Salud del Principado es entre tres y cuatro veces inferior por censo de habitantes que el de otras comunidades similares en cuanto a características de dispersión y envejecimiento como por ejemplo Castilla y León, Cantabria, Galicia, Extremadura o Andalucía, y cerca de la mitad que la media del Estado. Además, por si esto fuera poco ya se partía de una flota de vehículos claramente insuficiente ya que antes de este colapso administrativo existían 30 coches para 67 inspectores sanitarios, lo que ya generaba una fuerte distorsión y retraso en sus tareas, pues es fácil entender que el control y asesoramiento sanitarios se hacen sobre los lugares y establecimientos a vigilar.

Que se permita que esto llegue a ocurrir, y que 15 días más tarde el Ejecutivo asturiano todavía no haya conseguido vehículos de urgencia en una autonomía con un considerable parque móvil infrautilizado o incluso parado, demuestra una vez más lo poco en serio que nos tomamos la prevención en Salud Pública. Asturias no se puede permitir relajar sus ya débiles controles sanitarios y menos en estos momentos.

Si esto hubiera pasado con los respiradores de las UCI de nuestros hospitales todo el mundo hubiera puesto el grito en el cielo y de la manera que fuera necesario se habría encontrado una solución de extrema urgencia. En este caso es más fácil conseguir vehículos que respiradores y, aunque la gente no se muera en una camilla de hospital, la ciencia nos dice que es una verdad absoluta que cuando se paralizan o reducen este tipo de controles sanitarios, no mucho tiempo después habrá enfermos y muertos como consecuencia directa e indirecta. Recordemos el caso de la listeriosis de la carne mechada hace dos veranos. Sin embargo, la maldición de la Salud Pública es que, como muchos enfermarán, sufrirán secuelas permanentes, o morirán lejos del establecimiento o lugar donde se intoxicaron, se infectaron o se contagiaron, no se podrá relacionar tan fácilmente con la falta de control sanitario. Y aunque en el fondo sepamos que la razón ha sido esa, no preocupa ni urge tanto a los cargos responsables la solución porque no tiene tanto impacto mediático.