FESVET solicita una entrevista con la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, para abordar y buscar soluciones a los problemas consensuados tras la manifestación del 3 de abril

Estimada Ministra,

El domingo 3 de abril de 2022 alrededor de 3.000 veterinarios de toda España recorrimos las calles de Madrid bajo un lema inequívoco “SOMOS VETERINARIOS, SOMOS SANITARIOS”. Durante el trayecto desde Sol hasta el Ministerio de Sanidad, y en el acto final a las puertas del Ministerio, se fueron desgranando los objetivos recogidos en el decálogo de peticiones y jaleadas consignas que expresaban el malestar de los diferentes sectores del ejercicio profesional veterinario ante la injusta e inexplicable situación de abandono y falta de reconocimiento como profesionales sanitarios que sufrimos de manera conjunta todo el colectivo.

Es indiscutible que la profesión veterinaria desempeña una labor sanitaria imprescindible en la protección de la salud de las personas respecto a peligros procedentes de la vida animal, de sus producciones como los alimentos, desde su origen hasta su destino, y del medio ambiente (vectores biológicos, fauna silvestre, contaminación ambiental, biológica, química o física), llevando a cabo sus actuaciones sanitarias en distintos ámbitos: centros de salud en atención primaria, mataderos, establecimientos alimentarios de todo tipo, explotaciones ganaderas, clínicas de animales de compañía, laboratorios, centros de investigación, y un largo etcétera, desde hace más de 200 años, lo que permite asegurar a la población española una disponibilidad suficiente de alimentos con las garantías sanitarias imprescindibles, amén de mantener a todos los animales y el entorno medioambiental en condiciones que no añadan nuevos riesgos sanitarios comunitarios; en definitiva la profesión coopera en gran medida para que los españoles puedan gozar de un buen estatus sanitario.

Nuestras competencias profesionales se encuentran recogidas en el ordenamiento jurídico, en disposiciones como la Ley General de Sanidad, Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud o Ley General de Salud Pública, entre otras. Sin embargo, a pesar de contar con ese amparo legal y de la enorme importancia y trascendencia de la labor de la Veterinaria de Salud Pública en la protección y promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población humana, en las tres últimas décadas estamos asistiendo a un desmantelamiento continuo de las estructuras y competencias de la Veterinaria de Salud Pública dentro del Sistema Sanitario Público, con una dispersión competencial fragmentada entre diferentes departamentos de la administración, muchos de ellos de carácter no sanitario, tanto a nivel ministerial como autonómico, que impide la necesaria efectividad, eficacia y eficiencia en la labor preventiva del SNS, cuyas consecuencias sufrirán nuestros conciudadanos.

En estos momentos la profesión veterinaria no es suficientemente tenida en cuenta dentro del Sistema Nacional de Salud, como ha ocurrido en muchas ocasiones durante la pandemia de la COVID-19, los Veterinarios Oficiales de Salud Pública no tienen una categoría homogénea entre los diferentes Servicios Regionales de Salud, ni el reconocimiento de especialidad en ciencias de la salud, ni el acceso a la carrera profesional sanitaria. Los Centros Clínicos Veterinarios no están incluidos en el catálogo de centros y servicios sanitarios de salud pública, como consecuencia de ello las prestaciones clínicas veterinarias repercuten en su facturación un IVA no sanitario. Tampoco el Registro Nacional de Profesionales Sanitarios que gestiona el Ministerio de Sanidad está correctamente desarrollado para el colectivo veterinario; ni en la base de datos de sociedades científicas de profesiones sanitarias del Ministerio se ha incluido hasta ahora a las sociedades científicas veterinarias de salud pública y comunitaria.

Además, el colectivo veterinario, a pesar de la penosidad y especial dificultad intrínsecas a muchas de sus actividades laborales, se encuentra excluido del grupo de profesiones sanitarias de riesgo, en el que sí están médicos o enfermeras. Sufrimos una discriminación también respecto al resto de veterinarios europeos en cuanto a la gestión de medicamentos veterinarios en nuestros centros clínicos. Y se nos ignora sistemáticamente, por parte de instituciones y organismos públicos, cuando se desarrollan medidas legislativas que afectan a la salud pública, incluyendo los campos de la salud alimentaria, la sanidad y bienestar animal y la salud ambiental.

Recientemente hemos asistido a dos nuevos hechos que acrecientan esa situación, como ha sido la exclusión de nuestra profesión en las recientes convocatorias de procesos de ingreso de personal sanitario del Ministerio de Sanidad, en los que se han convocado cerca de 100 plazas para médicos titulares y farmacéuticos titulares, y ninguna para el cuerpo de veterinarios titulares. Y por otro lado la exclusión de los veterinarios en la concesión de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad, en atención a los méritos y circunstancias que concurren en varios Consejos Generales de Colegios de Sanitarios, a pesar de la labor sanitaria trascendental que han desarrollado durante la pandemia los veterinarios, manteniendo la actividad para garantizar una disponibilidad suficiente y segura de alimentos de origen animal, promoción de las correctas prácticas ambientales para mitigar la propagación del virus y la participación activa en la vigilancia epidemiológica del SARS-CoV-2, con seguimiento de casos confirmados y sus contactos, poniendo en marcha las medidas protocolizadas en cada momento, de la manera más temprana posible, para ralentizar la propagación del virus y evitar los colapsos de camas hospitalarias y un mayor número de fallecimientos. Y ello, sin olvidarnos del cuidado y atención permanente de la salud y el bienestar de todos los animales como parte esencial en el mantenimiento de la salud pública.

 Por todo ello, le trasladamos nuestra profunda indignación por tantos agravios como estamos sufriendo, y nuestro rechazo a que la dejación de los poderes públicos aumente cada día más la debilidad del Sistema Nacional de Salud en materia de Protección y Promoción de la Salud Pública.

FESVET considera que esta situación es francamente mejorable y que se podrían adoptar por su Ministerio diferentes medidas que permitan revertir esta tendencia, favoreciendo todas las potenciales de la veterinaria de salud pública y comunitaria en pro de la salud de la personas para que de esta manera se mejoren cuantitativa y cualitativamente las prestaciones de protección de la salud pública de nuestro Sistema Nacional de Salud.

ANEXO- Decálogo reivindicaciones II Manifestación Veterinaria- Madrid 3 abril 2022

1.-Reconocimiento real de la veterinaria como profesión sanitaria en todos los ámbitos sociales y administrativos de actuación, que abarcan tanto el ejercicio público como privado, en los términos que recoge la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (Ley 44/2003, de 21 de noviembre).

2.-Promoción de la Veterinaria de Salud Pública, entendida como el conjunto de acciones encaminadas a proteger la salud de la población humana frente a peligros biológicos, físicos, químicos o nutricionales derivados de la vida animal o de sus producciones, y que se desarrollan en los ámbitos de la seguridad sanitaria alimentaria, la salud y bienestar animal, la salud ambiental, la promoción de la salud mediante la formación e información sanitarias, la investigación y la docencia en salud pública y de la gestión sanitaria.

3.-Equiparación de los Veterinarios de España a los Veterinarios europeos, reconociéndoles la legítima actividad de dispensación y venta al por menor de medicamentos veterinarios, en virtud del Reglamento Europeo (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018.

4.-Integración plena de todos los recursos humanos que trabajan en la Veterinaria de Salud Pública en el Sistema Nacional de Salud, con la incorporación en sus plantillas detodos los facultativos que desarrollan actividades de control sanitario oficial del ámbito de la veterinaria de salud pública. Y la creación de una categoría profesional sanitaria “veterinario de salud pública y comunitaria”, homogénea en todos los Servicios Regionales de Salud (SNS), que desarrollaría de manera integral las actividades de control veterinario oficial de protección de la salud, prioritariamente desde el ámbito de la atención primaria de salud.

5.-Reestructuración profunda de la organización de Salud Pública actual, que permita aumentar la efectividad, eficacia y eficiencia en la labor preventiva del SNS, con la creación del Centro Estatal de Salud Pública bajo la dependencia Orgánica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con una Subdirección General de Veterinaria de Salud Pública en el Ministerio de Sanidad y el desarrollo de las competencias oficiales de la Veterinaria de Salud Pública dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, a través de los correspondientes Servicios Regionales de Salud, en concordancia con lo establecido en art. 8. de la Ley General de Sanidad y la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud.

Dicha cartera debe abarcar todos los ámbitos de control sanitario veterinario oficial en materia de protección de la salud pública, incluyendo desde la producción primaria, a la calidad alimentaria y la producción alimentaria postprimaria; la tutela de las acciones preventivas frente a las zoonosis alimentarias y no alimentarias, y en general las de prevención de la enfermedad de las personas frente a peligros procedentes de la vida animal y sus producciones. Además de las actividades de promoción de la salud, investigación y gestión sanitarias.

6.-Reconocimiento y desarrollo de la carrera profesional sanitaria de todos los veterinarios oficiales que desarrollan actividades de salud pública, en los mismos términos que el resto de personal sanitario del Sistema Nacional de Salud. (LOPS, Estatuto Marco y Ley General de Salud Pública).

7.-Creación y desarrollo de una especialidad propia, dentro del modelo de formación especializada en ciencias de la salud, de Veterinaria de Salud Pública y Comunitaria, con el fin de garantizar unas prestaciones de la máxima calidad a los ciudadanos en la protección de su salud.

8.-Consideración plena de los centros veterinarios como centros sanitarios, ya que son barrera esencial para el mantenimiento de la Salud Pública Comunitaria. Y desarrollo efectivo del registro nacional de profesionales sanitarios para la profesión veterinaria.

9.-Incorporación de la veterinaria en la VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA (Red de Vigilancia Temprana de Zoonosis e Indicadores de Salud). Así como en las estrategias de lucha frente a las Resistencias a los Antibióticos para alcanzar los objetivos marcados en las seis líneas de actuación del vigente Plan Nacional de Resistencia Antibióticos -PRAN-.

10.-Instauración del tipo impositivo de IVA sanitario en la facturación de los servicios profesionales veterinarios correspondientes al ejercicio clínico privado.

11.-Cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, con implementación de todas las medidas de seguridad que correspondan, en todos los centros de trabajo veterinario, así como en las actividades que se realizan fuera de los centros sanitarios, labores de saneamiento ganadero, clínica de campo, inspecciones de campo, etc.

12-Reconocimiento de la Veterinaria como una “profesión de riesgo”, en los términos establecidos en el Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, que permita en base a ello que los veterinarios, como profesión sanitaria de riesgo, puedan prejubilarse sin que se vea afectada su pensión.

13-Mejora de las condiciones generales y percepciones salariales y extrasalariales recogidas en el Convenio colectivo estatal de centros y servicios veterinarios.

14.-Mayor dotación para la Formación Universitaria del Grado de Veterinaria y adecuación del número de estudiantes de nuevo ingreso a las necesidades reales de la sociedad, evitando así un enorme gasto público innecesario, que numerosos Facultativos Veterinarios vean sus expectativas profesionales frustradas, y una grave distorsión del mercado laboral que genera condiciones de trabajo inaceptables que dificultan gravemente la especialización y la prestación de servicios sanitarios a la sociedad en los niveles de excelencia que se requieren.

15.-Desarrollo de un modelo de Formación Clínica Especializada de postgrado, equiparable, y en su caso homologable, a los existentes en otros países de nuestro entorno y de Norteamérica, promoviendo, en su caso, el acceso a las especialidades clínicas ya reconocidas en Europa.

16.-Lucha contra el intrusismo en todos los campos del ejercicio profesional veterinario, y mayor proactividad en la defensa de la profesión, contando con veterinarios autorizados y especializados en cada ámbito que puedan participar en la elaboración de cualquier medida legislativa sobre materias de nuestra competencia, o que puedan afectar a nuestro desarrollo profesional, como el bienestar animal.

Y por ello nos ponemos a su disposición y le solicitamos una reunión en la que podamos abordar y definir muchas de las propuestas expuestas, y buscar soluciones consensuadas para alcanzar los objetivos que más pormenorizadamente se expresan en el Anexo que se acompaña.

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