La Junta de Andalucía: un atentado al Bienestar Animal

La Junta de Andalucía: un atentado al Bienestar AnimalLa Junta de Andalucía: un atentado al Bienestar Animal

La Junta de Andalucía ha cruzado la línea al conceder prebendas a los cazadores, ignorando flagrantemente las normativas europeas, españolas y autonómicas sobre bienestar animal. La situación es alarmante: aún no se ha resuelto lo que establece la Ley de Protección Animal y la Ley de Transparencia, que obligan a los municipios a contar con servicios de recogida de animales abandonados. No se puede permitir que estos animales sean sacrificados mediante disparos o pistolas de perno cautivo; sin embargo, parece que la solución será el entierro clandestino, lo que oculta la verdadera causa de su muerte y permite la violación de las normas de bienestar.

En Córdoba, solo siete de los 77 municipios cuentan con servicios de recogida, lo que es una clara violación de la ley. Además, formar a cazadores para evaluar el bienestar animal es un insulto a la profesión veterinaria, única capacitada para evaluar el bienestar físico y mental de los animales.

Las lesiones que se produzcan durante la captura de especies ya sean contempladas o no en la normativa, son el resultado de métodos de captura no selectivos anteriormente prohibidos. La normativa menciona el uso y la tenencia de lazos, cajas, cepos, venenos y atrayentes, pero se plantea la pregunta: ¿quién se encarga de homologarlos? Esto significa que estamos ante un caso de maltrato animal, tipificado en el Código Penal, y se deben emprender acciones legales contra quienes fomenten estas prácticas.

Esta norma, como tantas otras impulsadas por el PP en Andalucía, se ha elaborado sin considerar las implicaciones científicas de lo que provocará. Sin depredadores, especies como el conejo y la perdiz aumentarán hasta convertirse en plagas, como ya se observa en Cuenca y otras regiones donde se ha dañado el ecosistema. Además, el enfoque «One Health» queda en el olvido. Los colegios veterinarios andaluces, una vez más, han agachado la cabeza frente al gobierno de Bonilla, permitiendo así el intrusismo profesional en el ámbito del bienestar animal.

 

Rafael A. Luna Murillo, colegiado 140994

 

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