• Reclaman que se elimine la calificación de razas peligrosas, la rebaja del IVA del 21 al 10% y un bono social para las familias con mascotas

La Real Sociedad Canina de España ha pedido al Gobierno que endurezca las penas y sanciones por abandono y maltrato en la nueva Ley Integral de Protección Animal que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha anunciado que estará «aprobada en unos meses».

La Real Sociedad reclama que se persiga también y penalice la cría irresponsable y se fijen unos controles básicos de un código ético que persiga el bienestar de los perros y demás animales.

Otra de las peticiones que plantea es la derogación de la figura del ‘Perro Potencialmente Peligroso’ (PPP) porque defienden que no existen tales razas sino unas características físicas y de temperamento que hacen que no todos los perros sean iguales ni tengan las mismas aptitudes.

A su juicio, legislar sobre potencialidades implica hacer generalidades que, además de ser «injustas», han propiciado la «criminalización y la marginación social de determinadas razas y, por ende, de sus tutores».

Como alternativa propone que de forma estandarizada se instauren pruebas de sociabilidad que acrediten la condición de los perros y que, además, se acompañen de cursos de formación para los tutores de este tipo de razas cuyas potencialidades físicas lo indiquen.

En ese sentido, la RSCE ha puesto a disposición de todas las administraciones una prueba de sociabilidad desarrollada por expertos en formación canina y adiestramiento.

También propone la creación de la figura legal de criador amateur, puesto que la mayoría de los que hay en España responden a esta tipología, criadores a pequeña escala que realizan esta actividad con total entrega, por su amor a los perros y a las razas y cuya función ayuda a vaciar las perreras desde fuera. Con un marco legal establecido de antemano, estos criadores podrán desarrollar su actividad siempre con unos códigos éticos claros y una mayor profesionalidad, porque para la RSCE son «fundamentales» para lograr el objetivo de «abandonos 0».

Del mismo modo, instan a que el nuevo marco legal recoja el reconocimiento de la Cinofilia y las Razas Caninas como una herencia o Patrimonio Cultural Inmaterial a proteger, pues representa un legado de miles de años gracias al cual el perro ha llegado a la actualidad convertido en un símbolo de la historia y del desarrollo social.

Por ello, insiste en que se dote de mayor protección y reconocimiento legal del perro, en general, pero sin establecer distinciones o medidas que menoscaben la importancia y la realidad de los perros de raza.

En cuanto al ámbito sanitario, recomienda que se implante un bono social o mutualidad veterinaria para ayudar a la familias con menos recursos a cubrir la atención médica de sus mascotas, para evitar su abandono cuando enferman o incluso que mueran. El coste medio anual de veterinario se estima en unos 200 euros a los que se suman 100 euros más en extras e imprevistos siempre que el perro no presente ninguna patología, lo que puede disparar esas cifras.

Del mismo modo, proponen que se baje el IVA veterinario al tipo más reducido, del 21 al 10 por ciento, lo que supondría un ahorro de 20 euros al año a las familias con mascotas.

El presidente de la RSCE, Julián Hernández, el objetivo de esta nueva Ley de Protección Animal debe ser mejorar la situación de todos los animales en España, «perseguir firmemente el maltrato y el abandono y fomentar las razas y ejemplares autóctonos, de forma que se garantice la supervivencia de un importante legado histórico, cultural y social de este país».