Los veterinarios se niegan a colaborar con el ayuntamiento de Sta. Eulària y la nueva ordenanza que obliga a la identificación canina por ADN
Los veterinarios se niegan a colaborar con el ayuntamiento de Sta. Eulària y la nueva ordenanza que obliga a la identificación canina por ADN
La Ordenanza Municipal sobre Tenencia, Protección y Bienestar de Animales del municipio de Santa Eulària des Riu, publicada en el BOIB con fecha 4 de agosto de 2022, establece la obligación de identificar mediante un análisis de ADN a todos los perros del municipio.
Este municipio se suma a otros que han establecido esta obligación como medida de lucha contra el incivismo de algunos ciudadanos que, como consecuencia del abandono en la vía pública de los excrementos de los animales, incrementa la suciedad de las calles.
El Presidente de CEVE Balears, Andreu Oliver, manifiesta que, una vez más, no se ha contado con la participación de su organización a la hora de valorar la conveniencia de esta medida.
El presidente Desde CEVE Balears, Andreu Oliver, asegura que «una vez tras otra se repite esta situación, lo que indica que las intenciones a la hora de generar normativa siguen pasando por obviar nuestra presencia como interlocutores sociales».
En primer lugar y por su relevancia, continúa el Presidente, «consideramos de gravedad los errores que de base presenta dicha ordenanza, los cuáles han sido destacados y acompañados de nuevas propuestas de redacción en un documento enviado al ayuntamiento de Sta. Eulària des Riu, transmitiendonos desde el Ayuntamiento su negativa a tenerlas en cuenta».
Oliver también apunta que «estamos frente a una norma claramente discriminatoria, innecesaria y desproporcionada, afectando directamente a ciudadanos del municipio que cumplen con las obligaciones, ya que quienes las incumplen, seguirán haciéndolo». Este hecho se agrava desde el momento que cualquier propietario que venga desde fuera del municipio e incluso de la isla, podrá incumplir la ordenanza sin que sea sancionado.
Desde CEVE Balears remarcan que las atribuciones para el ejercicio profesional veterinario no son competencia de las administraciones locales y que, por tanto, no puede imponerse en una ordenanza municipal una limitación a su libre ejercicio.
Desde la asociación balear veterinaria consideran que estos hechos son suficientes para comprender que ésta es una medida muy restrictiva, que también discrimina a los ciudadanos de Sta. Eulària d’es Riu y que supone una inversión inútil si se atiende, ya desde una óptica legal, a que la cadena de custodia de pruebas es tan débil que dificulta al extremo demostrar que las deposiciones abandonadas de las que deriva la sanción, vengan del propietario del animal o que hayan sido devueltas a la vía pública por un tercero, sin ahondar en los motivos de esta segunda actuación.
Este hecho conduce a un escenario donde la resolución del 99% de las sanciones recurridas se inclinaría del lado del propietario, dando la sensación real de que se está tirando el dinero del contribuyente.
Desde CEVE Balears sienten que la inversión de los recursos dinerarios públicos, en este caso en concreto, se antoja mucho más eficiente si se activan campañas cívicas de concienciación y cambio de cultura social que campañas de penalización que, por necesidades funcionales y legales, demandan la presencia de más de un profesional, público y privado, para el ejercicio de recogida de muestras.
Destacan también que el tratamiento que se propone de los datos de carácter personal es inadecuado, pudiendo incurrir ello en potenciales nuevas sanciones.
Según palabras del Presidente, «no sería la primera, ni creemos que sea la última vez, que una decisión pública en materia de normativa se ve influenciada por las ansias comerciales de una empresa privada», llevándola probablemente a engaño y acabando, como es el caso, en la publicación de una normativa local muy alejada de un objetivo real de solución del problema.
Como aporte final y en vistas a mostrar un escenario real sobre una normativa muy similar, desde CEVE Balears nos traen datos extraídos del medio Málaga Hoy, medio de comunicación de una provincia de referencia, que desde 2017 tiene una normativa similar al caso y que sigue en vigor desde su entrada el 1 de agosto de 2021.
Apuntan que, en agosto de 2021, la población total era 152.183 perros, habiendo, tan solo, 37.382 censados por ADN, es decir, un 24,56%.
En 2017 fueron dados de alta 14.603 y en 2018 se censaron 14.487 al ser ya obligatorio por la entrada en vigor de la normativa. En 2019 se censaron 3.315, en 2020 se dieron de alta 2.709 y en los 8 primeros meses de 2021, tan solo 2.268.
¿Adónde llevan estos números? A que a mediados de 2021 se tomaron casi 1.000 muestras, es decir, que se analizaron muestras pertenecientes a menos del 0,07% de la población canina. De este escaso número de muestras únicamente se pudieron proponer 103 sanciones, un 10% aproximadamente del total de muestras analizadas.
Hay que recordar, como señala Oliver, que «este municipio, como tantos otros, recibe muchas visitas tanto de turistas como de ciudadanos de municipios colindantes, por lo que los perros que los acompañan no van a estar censados y va a existir de facto una imposición que afectará únicamente a los ciudadanos de este municipio, a los que se les impondrá una carga económica extra que además no servirá prácticamente para nada, porque, como se ha visto en otros sitios, al final esta medida la cumplirán sólo aquellos que, precisamente, ya cumplen con las demás obligaciones de una tenencia responsable, la identificación con microchip y la retirada de los excrementos de la vía pública».
Y el presidente de CEVE Balears añade, «esto mismo es lo que han entendido los veterinarios de este municipio y por ello han decidido no participar en la identificación de los perros mediante el ADN, a pesar de que ello suponga reducir sus potenciales ingresos».
Para terminar, el Presidente de CEVE Balears manifiesta que «los números hablan por sí solos y el argumentario aquí aportado exige un cambio inmediato y profundo en las relaciones entre las administraciones públicas y los interlocutores sociales.»
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