Matanza de 40 animales en Monfragüe por trabajadores de Tragsa

La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) ha calificado una «aberración» la «matanza» de una cuarentena de animales que asegura han realizado hace unos días trabajadores de la empresa pública Tragsa en pleno corazón del Parque Nacional de Monfragüe.

Asegura que ha tenido conocimiento de que el pasado 22 de abril se llevó a cabo en la finca Las Cansinas, propiedad de Parques Nacionales, la «matanza de una cuarentena de animales de caza mayor» a pesar de estar en plena fase de reproducción tanto las especies protegidas como cinegéticas.

Esta acción, señala la federación en una nota de prensa, se ha llevado a cabo a pesar de que la nueva planificación del Parque Nacional de Monfragüe sigue pendiente de los recursos planteados, y se ha hecho «sin seguir ningún criterio de conservación ni de gestión».

Según los datos recabados por la Federación Extremeña de Caza, esta «matanza» ejecutada por la empresa pública Tragsa se ha llevado a cabo en jaulas y capturaderos utilizando armas de fuego y pistolas de bala cautiva.

Para Fedexcaza es un «ejemplo evidente» de las consecuencias que tiene el cese de los controles poblacionales a través de acciones cinegéticas.

Según detallan, en primer lugar se atrajo a los animales a los cercones con alimentación suplementaria, un método que estaba prohibido para los propietarios que hacían esos controles. Y en segundo lugar se hace «a costa de los recursos públicos y el dinero de todos los contribuyentes», sumado a la «detracción del aprovechamiento económico que el anterior modelo de gestión ofrecía a la región».

A esto se suman dos «circunstancias agravantes». La primera es la «falta de aplicación de criterios de selectividad» de los ejemplares, que «sin duda debería ser uno de los principios básicos de cualquier planificación de control».

La segunda es el hecho de que haya ocurrido en «plena época de reproducción» de varias de las especies protegidas presentes en el Parque Nacional de Monfragüe, como son la cigüeña negra (entre el 1 de marzo y el 31 de julio), el buitre negro (del 1 de febrero al 15 de septiembre) y del águila imperial ibérica (del 1 de febrero al 31 de julio).

Una acción que «podría tener consecuencias» en estas «especies sensibles» al «no respetarse» sus paradas biológicas, algo que en el caso de los controles poblaciones cinegéticos «siempre se cumplía escrupulosamente».

 

«HIPOCRESÍA» DE ECOLOGISTAS

Para la Federación Extremeña de Caza, se ha puesto de manifiesto la «hipocresía» que existe en torno a la prohibición de los controles cinegéticos en Monfragüe, ya que «ahora se hacen sin ningún criterio selectivo, sin tener en cuenta las paradas biológicas de las especies protegidas y, además, causando un gasto a las arcas públicas en lugar de generar riqueza en la zona».

Añade que no se ha escuchado «ni una palabra» de las organizaciones ecologistas que «tanto se oponían a la caza y que ahora callan a pesar del posible impacto que podría tener sobre las especies protegidas».

«Este silencio es, cuanto menos, paradójico, y demuestra que en última instancia lo único que pretendían los ecologistas era perjudicar al sector cinegético, y no de trabajar por la mejora de los ecosistemas y la conservación de las especies».

Fedexcaza recuerda que esto es «solo el principio» de lo que ocurrirá en los próximos meses en el Parque Nacional de Monfragüe, y el «mejor ejemplo» de lo que ocurre cuando se decide excluir la caza de las estrategias de conservación. La federación apunta que se «evidencia, de nuevo, que la caza es una herramienta imprescindible cuando se trata de conservación y de gestión del medio ambiente».

Para la Federación, antes de desarrollar nuevas acciones habría que tener en cuenta, además, que la Asociación de Propietarios privados del Parque Nacional de Monfragüe ha interpuesto un recurso contra las resoluciones de la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta que aprueban el plan y el programa de acción selectiva de ungulados en Monfragüe.

Esta asociación entiende que esas resoluciones son «nulas de pleno derecho», entre otras cosas, por vulnerar los procedimientos legalmente establecidos, por generar «indefensión» en los afectados y por «vulnerar» el Principio de Jerarquía Normativa regulado por la Constitución Española.