Pacma ha presentado un recurso de alzada ante el Gobierno de Canarias tras la posición de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias de declararse incompetente para intervenir en las peleas de gallos que se celebran en La Palma, Tenerife, El Hierro, Gran Canaria y Lanzarote organizadas por la Federación Gallística Canaria y las asociaciones que la integran.

La formación política defiende en una nota que estas peleas son «ilegales» desde 2007 cuando la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio prohibió utilizar animales en peleas en todo el territorio nacional, sin excepciones.

La Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha esgrimido que sus competencias se limitan al ámbito de los animales de compañía, algo que rechazan desde el Pacma pues entiende que la Consejería y Viceconsejería son «competentes» en materia de asociaciones «y estas peleas se están organizando y celebrando por entidades amparadas, precisamente, en su registro como asociaciones».

Junto al escrito han presentado «pruebas fehacientes» de que algunas de estas peleas tienen lugar en instalaciones deportivas de titularidad municipal, lo que implica que se están celebrando no sólo con conocimiento sino, incluso, con colaboración de los ayuntamientos, «y la Consejería también es el departamento competente en materia de régimen local».

«No vamos a permitir que el Gobierno de Canarias continúe escurriendo el bulto y, si es necesario, iremos a los tribunales», explican desde el departamento legal del Partido Animalista.

A su juicio, «las peleas de gallos, además de crueles e impropias de una sociedad moderna, como ya decía la Ley de Protección de los Animales de Canarias hace 35 años, es una actividad expresamente prohibida desde 2007 y no pueden continuar celebrándose, encima, con la aquiescencia y complicidad de las instituciones públicas».