Opinión de Rafael Murillo: Que esta bendita profesión en la que nos hemos embarcado desde que tuvimos la certeza de que eso es lo que queríamos ser se ve ignominiosamente afectada, como cualquier otra profesión de prestigio, en una serie de acontecimientos personales, individualizados o colectivos que hacen saltar las alarmas de nuestra conciencia y nuestro Código Deontológico Profesional.

Esto no es de ahora, va de largo y tan antigua como lo puede ser la profesión veterinaria. Siempre han existido en todas las profesiones “manzanas podridas”. La regulación de nuestra profesión también tiene su recorrido histórico, desde esas luchas intestinas con los veterinarios de segunda clase y los profesionales dedicados a herrar équidos, las luchas competenciales entre los agrónomos y los que gritaban “Peste, Carbunco y Rabia …” y, más de actualidad lo que se defiende la veterinaria con otras profesiones que quieren atender a animales porque se creen capacitadas para ello, como los fisioterapeutas en el mundo del caballo.

Un veterinario puede ser un excelente profesional y realizar una labor impecable en su quehacer diario donde corresponda, pero eso no exime de su responsabilidad si en algún momento cae en la famosa Negligencia.

La profesión de veterinario es una profesión reglada y regulada por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. Sus actuaciones están sujetas a las normas que regulan la Responsabilidad Civil Sanitaria y, por lo tanto, debe contar con un seguro de Responsabilidad Civil para responder por los daños derivados de una incorrecta prestación del servicio. Con carácter general, hay que manifestar que, al igual que otras profesiones sanitarias, la obligación del veterinario es una obligación de medios y no de resultados, por lo que el profesional no puede garantizar la cura del animal, sino que este aplicará la diligencia media que le impone la lex artis veterinaria, poniendo todos los medios a su alcance para la sanación del animal.

Pero otra cuestión es que los veterinarios falseen documentos oficialescomo pasaportes equinos para vender carne de caballo, realizar falsas identificaciones en perros y gatos con microchip o que se presten a realizar cirugías prohibidascomo los cortes de orejas, rabos o extirpación de cuerdas vocales, prohibidas por cuestiones éticas y lo que se nos olvida por razones de bienestar animal.

Los Colegios profesionales deben tomar cartas en el asunto a su máximo nivel que es el Deontológico. Esto si es merecedor de una expulsión como sanción del Colegio respectivo y, los Consejos Autonómicos, aunque por su gravedad ni es necesaria la apertura de diligencias informativas. En esto creo en saber hacer de los Colegios y no en otros usos que pueden derivar en castigos obsesivos sin fundamento ni prueba.

Por otra parte, los veterinarios de función pública también pueden caer en negligencia o en delitos de orden administrativo, civil o penal pero la diferencia con los que actuamos en ejercicio libre son de “órdago a la grande”. Primero no todos los veterinarios funcionarios están colegiados, lo cual es algo obligatorio, pero no perseguible por la Justicia y segundo, un veterinario funcionario colegiado si es sancionado con expulsión por su Colegio Profesional, por ejemplo, no es obligado a dejar su trabajo o empleo. Esta diferencia nos hace, como antaño, ser veterinarios de primera y de segunda.

Quiero reivindicar un cambio sustancial en este sentido. Como todos los veterinarios estamos con el One Health; estar con el One Agreementen pleno s.XXI. Para ello se debe asumir un cambio profundo en las corporaciones incluida un cambio de Estatutos.

Espero que nadie utilice mi opinión para denunciarme.

Rafael Luna Murillo. Veterinario Col. 994

Máster en Etología. Especialista en Bienestar Animal.