Soy Enrique Marcos y no puedo permanecer en silencio ante la aberración que representa el Real Decreto 666/2023.

Esta normativa, bajo el paraguas del sistema Presvet, impone res- tricciones desproporcionadas a la prescripción de medicamentos veterinarios, un golpe directo a la autonomía y profesionalidad de los veterinarios de grandes y pequeños animales en España. Nos encontramos ante un escenario que no solo perjudica a los profesio- nales, sino que, lo que es aún más grave, compromete el bienestar de los animales que están obligados a cuidar.

La lógica detrás de permitir que farmacéuticos, sin la formación necesaria en medicina veterinaria, dispensen medicamentos para nuestros animales es incomprensible. ¿Cómo se puede confiar en la salud de nuestras mascotas y animales de producción a personas que no tienen el conocimiento práctico para valorar las necesidades específicas de cada paciente? Esta decisión refleja una falta de respeto hacia la profesión veterinaria y desprecia el arduo trabajo que realizan cada día.

El sistema Presvet, además, está diseñado para ahogar la práctica clínica bajo una marea de burocracia asfixiante. La obligación de registrar cada prescripción en un sistema que no aporta valor sanitario real es un ejemplo claro de cómo las exigencias administrativas pueden afectar negativamente nuestra capacidad para actuar con agilidad y eficacia. Los veterinarios de pequeños y grandes animales se encuentran atrapados en un laberinto normativo que retrasa el acceso a tratamientos vitales y expone a sus pacientes a riesgos innecesarios.

El Ministerio de Agricultura comete un error gravísimo al ignorar las necesidades de la profesión veterinaria. Al imponer una normativa que no está exigida por la Unión Europea, el ministerio no solo desatiende la realidad clínica, sino que también obstaculiza la mejora de la seguridad y la trazabilidad de los medicamentos. ¿De qué sirve legislar si no se considera la evidencia científica ni la realidad del ejercicio veterinario? Esta norma no solo es desproporcionada, sino que también es injusta.

Las manifestaciones masivas del colectivo veterinario son un grito de auxilio que no puede ser ignorado. Más de 12,000 profesionales han salido a las calles para exigir un cambio, y es hora de que se escuche su voz. La falta de diálogo por parte del ministerio es inaceptable. No pueden seguir permitiendo que se legisle sobre su profesión sin tener en cuenta su experiencia y conocimiento.

El futuro de la veterinaria en España está en juego. La comunidad veterinaria, respaldada por los colegios oficiales y el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, seguirá luchando sin descanso por una regulación justa. No podemos permitir que decisiones erróneas y desconectadas de la realidad clínica pongan en riesgo la salud de los animales. La lucha continúa, y es hora de que se tomen decisiones que realmente beneficien a todos.