USCAL-TISCYL solicita una reunión al Consejero de la Presidencia, Sr. Jesús Julio Carnero García, para intentar salvar “in extremis” la OPE Extraordinaria derivada de la Ley 20/21, de reducción de la temporalidad en el empleo público

• Especialmente sangrante resulta la propuesta de OPE Extraordinaria de Castilla y León en el caso de los veterinarios que con una plantilla horizonte de sus Servicios Veterinarios Oficiales de 1200 puestos de trabajo del Cuerpo Facultativo Superior Sanitario, con cerca de 400 de ellos interinos, tan solo ofertan 98 plazas. 

• Tras sucesivas Mesas de Negociación, considera insuficiente el número de plazas ofertadas y teme que se pondrá en peligro el Componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  

La modernización de las Administraciones Públicas constituye el Componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Estado Español envío a Europa para la prestación eficiente de los servicios públicos y su potencial tractor sobre la transformación del tejido productivo. Entre sus objetivos estratégicos figura su digitalización, la renovación de su equipamiento con principios de eficiencia energética, y la modernización de procesos, además de la capacitación del conjunto de empleados públicos y la reducción de la temporalidad al 8%.

Para corregir los continuos (e impunes) incumplimientos de la normativa (nacional y europea) sobre empleo público, que condujeron a tasas de temporalidad incompatibles con una Administración moderna, eficaz y conforme con los derechos laborales, se publicaron procesos de estabilización de empleo temporal recogidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018 que resultaron un auténtico fracaso en su forma de convocatoria y en su resultado final. Tal es así que más de 800.000 personas temporales continúan prestando servicio en las diferentes administraciones públicas y viven en un estado de precariedad indigno de un país moderno.

Castilla y León no es una excepción y mantiene, según su propio Portal de Trasparencia, un total de 12.299 funcionarios interinos y 16.040 laborales temporales. En total suman 28.339 personas (el 71,2% son mujeres), que en el caso particular de la sanidad, la temporalidad alcanza el 32% y, en la enseñanza, los interinos suponen un 35%.

El desarrollo de los procesos de estabilidad del 2017 y 2018 llevados a cabo en los servicios generales de la Junta de Castilla y León, tanto del personal laboral como del funcionario, está suponiendo no solo un fracaso en cuanto a la reducción de la temporalidad, sino también el cese (despido libre y gratuito) de muchos empleados públicos, mayoritariamente mujeres y de más de 45 años, en abuso de temporalidad y/o fraude de ley, que está generando una conflictividad judicial difícilmente justificable.

Ante la presión ejercida por los empleados públicos temporales y muy contados sindicatos (entre los que se encuentra USCAL), se publicó la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que estableció un tercer proceso extraordinario de estabilización. La oferta de empleo público correspondiente debe publicarse antes del próximo 1 de junio.

La Junta de Castilla y León, en la última reunión de la Mesa General de Negociación del Empleado Público, nos ha trasladado su intención de incluir en esta oferta “extraordinaria” 679 plazas de funcionarios y 1.985 plazas de laborales (por el momento, no se incluyen Instituciones Sanitarias ni Educación), cantidades que con los criterios restrictivos que se están utilizando impedirán con toda seguridad reducir la temporalidad al 8% y por tanto poner en peligro los fondos europeos que esta Comunidad Autónoma debería recibir del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Para intentar salvar esta cuestión, incrementando sustancialmente el número de puestos de trabajo de los trabajadores que cumplen los criterios de la Ley 20/2021, desde la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) hemos solicitado una reunión urgente con el Consejero de la Presidencia en la que le trasladaremos el profundo malestar de los empleados públicos temporales que están viendo frustradas sus expectativas de consolidación y dignificación de su empleo, desde el que llevan ejerciendo un servicio público eficiente durante mucho tiempo, y especialmente durante los peores momentos del estado pandémico.

En USCAL-TISCYL, si no conseguimos que la intervención del propio Consejero enmiende la deriva de las actuaciones presentes, nos veremos obligados a rechazar rotundamente en la Mesa de Negociación esta insuficiente OPE EXTRAORDINARIA, y llamamos a la unión de todos los empleados públicos temporales para forzar una rectificación de la Junta, que permita aprobar definitivamente una oferta verdaderamente “EXTRAORDINARIA” que alcance la estabilización de los casi 30.000 empleados públicos temporales adscritos a la Junta de Castilla y León.

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